La mañana del 7 de junio pasado cientos de personas se levantaron, salieron de sus casas, se dirigieron al Parque Centenario y, sin mediar muchas palabras, luego de cruzar miradas abrazaron un edificio. Sólo bastaba con escanear el panorama para saber quiénes eran estas personas decididas, para intuir qué pretendían lograr con este acto simbólico de defensa de una de las instituciones científicas pilares de la democracia argentina: el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, allí donde funciona desde hace más de veinte años el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg).
Pañuelos blancos sobre las cabezas de mujeres que en sus ojos irradian dolor, experiencia y aun así esperanza, se mezclaban con banderas, bombos, megáfonos y grandes cartelones en los que se leía una consigna bien clara: “Por el derecho a la identidad”. Allí estaban, a las 10 de la mañana y en el día del periodista, organismos de derechos humanos como la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., organizaciones gremiales como la CTA, el Suteba, la Ctera, personalidades de la cultura y la política, familiares de detenidos-desaparecidos, nietos restituidos, vecinos y curiosos varios para defender a este instituto que logró desde 1987 que 101 personas, hijos e hijas de desaparecidos en cautiverio y apropiados por la última dictadura militar, recuperaran su identidad.
Además de una declaración de principios y una expresión de compromiso democrático, el abrazo fue un acto-reacción, una respuesta escuchada en voz alta y clara ante una campaña de desprestigio incitada por aquel emporio mediático cuyo mayor bien –la confianza de sus lectores– ahora, con la causa judicial abierta por la adopción irregular de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, se ve sacudida, en peligro de derrumbarse tal cual una casa de adobe se hace añicos en un terremoto.
El manto de duda lo había arrojado como parte de su estrategia judicial virulenta tendiente a embarrar la cancha el abogado de la titular del Grupo Clarín, el ex juez federal Gabriel Cavallo, que no sólo buscó la recusación de la magistrada a cargo de la causa –la jueza federal Sandra Arroyo Salgado– sino también llegó a cuestionar al Bndg.
En un comunicado publicado en el matutino, Cavallo llegó a afirmar que “las muestras genéticas (tomadas de Marcela y Felipe el 29 de diciembre del año pasado) fueron pésimamente obtenidas, transportadas y mantenidas” y que “parecería que el material no fue debidamente procesado por la perito oficial, la señora Belén Rodríguez de Cardozo”, directora del Bndg.
“La única forma de que esta causa se termine no es aceptando el resultado de marcha regular de las actuaciones –continuaba el texto–, sino que el Estado nacional obtenga, de cualquier manera, el resultado político que persigue.”
Esta estrategia que apunta contra un instituto de prestigio internacional, de hecho, no es original. Desde hace cuatro años Clarín orquesta una continua campaña de cuestionamiento del Bndg, uno de los estandartes en el proceso de restitución de la democracia, y en el que además, en la actualidad, se investigan también violaciones, atentados a la honestidad sexual y a la vida de las personas.
El 1 de noviembre de 2006, por ejemplo, Clarín tituló: “El Gobierno busca controlar el Banco de Datos Genéticos”, tratando de poner en duda la ética científica de sus investigadores y correr al instituto a las movedizas arenas de la política como si los análisis de filiación estuvieran movidos y atravesados por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad y la justicia. Hasta defensores de la represión ilegal como Cecilia Pando operaron utilizando los mismos argumentos para objetar la transparencia del Bndg.
Las palabras de Cavallo automáticamente encendieron las alarmas en la opinión pública. “Es un planteo que no han hecho ni siquiera los defensores de los represores más conspicuos; no se le ocurrió ni al defensor de Videla”, advirtió el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, que también agregó: “Esto es particularmente agraviante con las Abuelas y con los 18 nietos que fueron restituidos por el Banco Nacional de Datos Genéticos desde 2006, porque lo que está planteando la defensa es que esta institución, que tiene reconocimiento internacional, desde entonces dejó de ser confiable. Y eso implica automáticamente poner en duda la identidad de las personas recuperadas”.

LA DEFENSA DE LA VERDAD
Como era de esperar, otro de los sectores que alzó su voz para disipar las dudas esparcidas por Cavallo –que incluso agregó que dejar que “el Banco de Datos Genéticos sea el que analice las muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble Hererra equivalía a darle el peritaje al enemigo”– fue el sector científico.
Quien salió a la cabeza fue Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que defendió la transparencia del trabajo del Bndg, la idoneidad del personal y la precisión de sus estudios. “Es imposible hacer un falso positivo. No se puede fraguar una relación de parentesco, porque puede ser verificable inmediatamente –indicó el químico–. No hay forma de que del Banco surja alguna información errónea o sesgada. Las afirmaciones que cuestionan el proceder del Bndg desde el punto de vista científico no tiene ningún tipo de sustento.”
Pero el repudio de las declaraciones de Cavallo no se detuvo ahí. A días de efectuadas, renombrados especialistas en genética y biología molecular elaboraron un escrito bajo la figura del amicus curiae que hicieron llegar a la jueza Sandra Arroyo Salgado.
“No hay forma de fraguar los resultados, ya que estos son obtenidos de forma automatizada y la información queda documentada electrónicamente. Los perfiles de los individuos objeto de prueba pueden ser reproducidos tantas veces como se requiera. De este modo, la veracidad de los resultados puede ser confirmada por cualquiera de las partes en litigio, a modo de control”, escribieron, firmaron y comunicaron Diego Golombek, Alberto Kornblihtt, María Mercedes Lojo, Alberto Díaz y Alejandro Krimer, todos ellos figuras científicas de prestigio y reconocimiento dentro y fuera del país.
El químico Alejandro Krimer, del Centro de Biotecnología Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), fue más allá y señaló: “Aquí la pregunta que cabe es por qué Marcela y Felipe no van y se hacen una extracción de sangre o un hisopado bucal que permite una exactitud del 99 por ciento en la determinación del patrón genético y es un análisis mucho más rápido que el que se puede hacer a través de prendas de vestir”.
La velocidad con la que llegaron las respuestas de los científicos, abogados y políticos de los más diversos partidos que salieron a contestarles a Cavallo y a Clarín puso en evidencia la sensibilidad del asunto. O sea, el peligro inherente que conlleva instalar la duda sobre una de las instituciones más eficaces del Estado argentino para reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura militar.
Cuestionar al Bndg no implica únicamente desconfiar de sus investigadores, de sus protocolos estandarizados internacionalmente, de sus logros que solidifican y acentúan la democracia: significa también poner en tela de juicio la identidad de los 101 nietos recuperados, aquellos hombres y mujeres a los que este instituto y los análisis de ADN les reintegró la verdad. La misma que ahora un abogado y un emporio mediático se niegan con sus palabras a reconocer.