Por Araceli Bellotta. El 9 de septiembre de 1947, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley 13.010 del voto femenino, y puso al país a tono con el mundo al habilitar para las mujeres argentinas el derecho al sufragio. Pese a que en otras naciones ya se había establecido el sufragio femenino como consecuencia de la lucha de las mujeres, que en más de una ocasión sufrieron la persecución y hasta la cárcel, la Argentina insistía en permanecer en el retraso. En Nueva Zelanda regía desde 1893; en Australia, desde 1902, y en Noruega, a partir de 1913. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña otorgó el voto femenino en 1918; Italia, en 1919, y los Estados Unidos, un año después. En Sudamérica, las mujeres ecuatorianas obtuvieron su derecho en 1929; las uruguayas, en 1932, igual que las brasileñas, y en Bolivia pudieron votar a partir de 1938. No obstante, en algunas provincias argentinas las mujeres gozaban de ese derecho. Porque la primera vez que votaron fue en 1862, cuando en la capital de San Juan se otorgó el voto calificado femenino en el orden municipal. A partir de 1914 votaron sin calificación, siempre en municipalidades, y en 1927 se les otorgaron los mismos derechos electorales que a los varones. En abril de 1928, las sanjuaninas votaron a nivel provincial, y en 1934 eligieron, además, a la primera legisladora provincial, Emar Acosta. Para entonces, en Santa Fe se reformó la Constitución provincial en 1921, y las mujeres obtuvieron ese derecho en el orden municipal.

El 23 de septiembre de 1947, Eva Perón recibió en la Plaza de Mayo la nueva norma. “Recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cí-vicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.”

LA LUCHA DE LAS PIONERAS

De esta manera, se coronaba una lucha que en la Argentina había nacido con el siglo XX, impulsada por las primeras profesionales agrupadas en la Asociación Universitarias Argentinas, fundada por las doctoras Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Ernestina López y Elvira Rawson, entre otras, y por las socialistas Alicia Moreau, Sara Justo y las hermanas Mariana, Fenia y Adela Chertkoff.

Es que hasta 1926, cuando la ley del socialista Mario Bravo consagró los derechos civiles femeninos, el Código Civil consideraba a las mujeres de la misma manera que a los incapaces y a los menores, y, pese a cubrir casi la mitad del mercado laboral, no se les permitía, por ejemplo, administrar sus bienes sin la intervención del padre o del marido.

Una vez conseguida esta igualdad, el siguiente paso fue lograr los derechos políticos para el que las sufragistas argentinas no solamente usaron la tenacidad sino también la inteligencia y la imaginación. En 1919, Lanteri fundó el Partido Feminista Nacional, una agrupación que usó el argumento de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe. Por lo tanto, nada le impedía presentarse a elecciones porque la ley no autorizaba el voto pero nada decía sobre el derecho a ser elegidas. Con este argumento pudo presentarse en varias oportunidades como candidata a diputada nacional, aunque en las campañas debía ejercitar la paciencia para soportar el menosprecio de la prensa. En 1920, la Unión Feminista Nacional, presidida por Moreau, se sumó a la lucha con dos simulacros de voto, a los que las mujeres asistieron en gran número para ensayar su futuro derecho. La mayoría de los periódicos de aquel tiempo se mofó de estas iniciativas. El Diario tituló su crónica como “Inocente diversión electoral” y calificó la acción como un “juego a las elecciones, igual que los niños juegan a las visitas”.

En 1921, el diputado radical Fernando Taurel propuso el voto para las mujeres mayores de 25 años que supieran leer y escribir. El diputado Juan José Frugoni, para las que tuvieran estudios secundarios o superiores, y los legisladores Leopoldo Bard, José Bustillo y Manuel Alvarado, entre otros, también propiciaron el voto calificado. Pero ninguno de estos proyectos prosperó a nivel nacional.

EL DERROTERO LEGAL

Durante la década de 1930, la Asociación Argentina del Sufragio Femenino, encabezada por Carmela Horne de Burmeister, organizó una campaña radial, y un grupo de intelectuales, nucleado por las escritoras Victoria Ocampo y María Rosa Oliver, exigieron la sanción de los derechos políticos para las mujeres. En mayo de 1932 se formó en el Congreso Nacional una comisión integrada por cinco diputados y tres senadores para elaborar un proyecto. Cuatro meses después, en septiembre de ese año, por primera vez hubo un debate parlamentario sobre el sufragio femenino. El proyecto propiciaba el voto de la mujer argentina o naturalizada, mayor de 18 años, con los mismos derechos y obligaciones que el varón, salvo el servicio militar obligatorio.

Pero los opositores al proyecto sostuvieron que el voto debía ser calificado, habilitando sólo a las mujeres alfabetizadas; que debía ser gradual, es decir, primero se votaría en comicios municipales, luego en los provinciales y finalmente en los nacionales. Además, para los legisladores el voto de las mujeres tendría carácter de voluntario y no obligatorio, como regía para los varones. El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados pero nunca fue tratado en el Senado.

En 1938 se presentó un proyecto de ley que proponía un modelo corporativo de voto, conocido como el voto “cabeza de familia”, en boga en Europa, impulsado por algunos sectores de la Iglesia, y un año después ingresó otro que propiciaba el voto universal femenino. En 1942, el socialista Silvio Ruggieri intentó reavivar el debate en la Cámara de Diputados, pero no fue posible.

Cuando en 1946 Perón llegó a la presidencia de la República, sostuvo en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa: “La creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas, culturales y de toda otra índole la ha acreditado para ocupar un lugar destacado en la acción cívica y política del país. La incorporación de la mujer a nuestra actividad política, con todos los derechos que hoy sólo se reconocen a los hombres, es insustituible factor de perfeccionamiento en las costumbres cívicas”. La ley se sancionó un año después, pero las mujeres debieron esperar otros cuatro para votar por primera vez, el 11 de noviembre de 1951, porque fue necesario empadronarlas para que pudieran ejercer su nuevo derecho.