Cuál es el valor que le da una sociedad –y el Estado– a su producción musical? ¿Qué futuro les espera a los artistas de todo el país en este presente de alta concentración discográfica, de tiempos y ritmos determinados por el mercado? Hoy, si es tan difícil acceder a espacios para tocar en vivo sin un gran aval detrás o sin pagar para tocar; si no se difunden del todo los derechos intelectuales, creativos y sindicales de los artistas, el Estado podría brindar una respuesta, con políticas sostenidas hacia la música y los músicos, si existiera un Instituto Nacional de la Música.
“Eso propiciaría la actividad”, dice la cantautora Teresa Parodi, vocal en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic). “La música popular es una de las herramientas más fabulosas para reconocernos como nación. Hoy la mayoría de los músicos son autogestionados y necesitan apoyo para sostener su compromiso con el oficio.” Una necesidad, y un deseo que logró acciones colectivas y participación. Desde el 96, músicos de todo el país discuten su proyecto de Ley Nacional de la Música en diversos foros e instancias: el principal punto es la creación del Instituto de la Música. Sólo en superficie impulsaron el proyecto la Unión de Músicos Independientes (UMI) y la agrupación Músicos Argentinos Convocados: la idea es que la ley es necesaria para los artistas y para la sociedad: las creaciones musicales no pueden estar regidas sólo por el mercado y las megadiscográficas.
Pero los tiempos se aceleraron: el 30 de junio entró en proceso de reglamentación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –aprobada en 2009–, cuyo artículo 97 estipula que se destine el 2 por ciento de su (futuro) presupuesto a la creación del Instituto Nacional de la Música. Pero el organismo nacería si se aprueba la Ley de la Música que el Congreso sigue sin tratar: por ahora el Instituto –y ese porcentaje de dinero– siguen en el limbo.
“La ley no tiene por qué tener dilaciones”, dice Parodi: “Va a poner las cosas en su lugar”. El Instituto brindaría herramientas en las distintas instancias de la producción de un proyecto musical (fabricación de discos, grabación, masterización, difusión, soportes digitales); además, se plantea la creación de un Circuito Estable de Música en Vivo en cada región cultural, el poder llevar la música a los sectores excluidos, y que los mismos artistas participen en la distribución de los beneficios. “Se podría ayudar a los espacios en vivo –dice Parodi–, y los músicos se ocuparían de sus propias gestiones. Entre todos podemos mejorar la actividad.”
¿Quién podría oponerse a un proyecto de ley, amplio e inclusivo, al que adhirieron Atilio Stampone, presidente de Sadaic, y Leopoldo Federico, presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes (Aadi)? Y recibió adhesiones, filmadas, de consagrados: Mercedes Sosa, León Gieco, Litto Nebbia, Gustavo Cerati, Susana Rinaldi y hasta Luis Alberto Spinetta apoyaron la ley. El 4 y 5 de junio, esas imágenes volvieron a verse en el Congreso por la Ley Nacional de la Música, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) que dirige Parodi. Lo organizaron junto a la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), y asistieron 400 personas, entre representantes de catorce provincias, artistas emergentes, masivos y funcionarios de la cultura. Diego Boris, presidente de FA-MI, festeja: “Las discusiones fueron visibles. No hubo nada que ocultar; no había ningún negocio para proteger”.
En septiembre de 2009, la Ley de Medios incluyó la propuesta del diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur): el 2 por ciento del presupuesto para el Instituto. “Al asignarle fondos, ya existe en una ley algo que tiene que ver con el Instituto”, dice Boris. “Eso no estaba en el texto original, del cual estábamos contentos: el artículo 65 estipula que el 30 por ciento de la música emitida deberá ser nacional y que la mitad de eso debe ser música independiente.”

TRATAMIENTO SE BUSCA
Pero ahora las cartas las tiene el Congreso: “Me parece difícil que no haya consenso para tratar la Ley de la Música”, dice Claudio Lozano, de Proyecto Sur. “Nadie puede decir en voz alta que no está en favor de algo que ampara a los músicos”. El senador Eric Calcagno (FpV), que preside la Comisión de Presupuesto, sabe que “otras expresiones merecen ser escuchadas: una ley podría modificar las condiciones en que se desarrollan los artistas”. Para José Luis Castiñeira de Dios, director nacional de Artes, “es necesaria la ley, y que todos los sectores vayan detrás de un solo proyecto: un instituto federal con una representación pública-privada”. Y agrega: “No creo que haya un lobby como el que tuvo la Ley de Teatro cuando salió, y ni qué hablar de la Ley de Medios. Va a haber que sensibilizar a los sectores parlamentarios: hay polarización dentro de las dos cámaras, pero en proyectos culturales hubo treguas históricas”.
Suma ideas Ricardo Vernazza, secretario general del Sindicato Argentino de Músicos (Sadem): “Desde el Consejo Federal de la Música todavía no conformamos un proyecto: faltaría consensuarlo con los músicos independientes”. Y señala: “Nos interesa que la ley genere puestos de trabajo, y que haya lugares para tocar en vivo. Falta una ley para la música, pero nosotros nos ocupamos de lo urgente de los músicos, su salario cuando no se los pagan”. Y desliza: “La idea del vale está pensada para el músico independiente, no para el trabajador. Creo que con los vales volvemos a la época de la Patagonia: te pagaban con vales cuando ibas al almacén del pueblo y lo cambiabas por comida. El sistema debería contener otra forma”.
Para el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, coautor de la fundamentación de la Ley Nacional de la Música, “está bien mejorar los derechos laborales, pero a la vez se puede intervenir para que la música no esté dictaminada por las megadiscográficas”. La sociedad civil “puede disputar acciones colectivas por la música. La ley apunta a percibir los derechos en un nuevo marco: el mercado musical sigue muy tomado por las corporaciones, en combinación con los medios de comunicación más concentrados”.
¿Qué va a pasar en el Congreso? “No sé por qué la ley aún no entró. Quizá la prioridad de las leyes de cultura no es tan grande como otras”, dice González. El sociólogo y ensayista sabe qué tonos demanda el tratamiento. “Faltan más apoyos políticos, no difíciles de obtener. La ley tendrá que recorrer un camino difícil, al igual que la Ley del Libro. Se precisa una mayor repercusión, que podría estimular la Secretaría de Cultura.” Y lo dice como un melómano confeso: “El Instituto cambiaría el rostro de la música que se genera y difunde en el país”.