Por Fernanda Balatti

Consciente de que disponía de un tesoro, pero ignorando que la Justicia había intervenido su teléfono, el hombre habló en una lengua metafórica y brutal: “Vení, hay dos chicas nueva’ y dice que se quiere mandar a agujerear, todavía no, no se agujereó y vení, aprovechá” (sic). Ofrecía dos niñas de 11 y 14 años, traídas de Misiones por la madre, una mujer analfabeta que se prostituía, “a causa del maltrato y la relación con su esposo alcohólico, y la falta de recursos económicos”, según describió el Tribunal que la condenó a diez años de cárcel como coautora del tráfico y explotación sexual de las propias hijas. Llevaba algún tiempo en el conurbano bonaerense, cuando le envió un pasaje a F., la hija mayor, de 15 años, para que viajara a “trabajar de niñera” en Buenos Aires. La esperó en la estación de Retiro junto al señor Arriola, que llevó a F. a su burdel de Pablo Podestá, donde la rebautizó “Luciana”. Como el llanto constante de F. espantaba a la clientela, Arriola la reservó para él, dato que le marcó en el cuerpo, con un tatuaje; F. durmió desde entonces con ese hombre de 57 años que “alternaba los abusos sexuales con un perverso sistema de seducción” que incluía algunas “ventajas” y suministro de drogas, todo lo cual era parte del proceso de “ablande y despersonalización de la víctima”, una forma de violencia encaminada a “doblegar su resistencia a prostituirse”. F. no se doblegó: huyó a Misiones, pero a los cuatro días fueron por ella y, de paso, se apropiaron de sus hermanitas (“vení, aprovechá”). Así lo narró el Tribunal Oral de Posadas que hace poco condenó a Arriola a doce años de prisión por trata de personas.

Dice el procurador general Esteban Righi que nadie puede consentir su explotación ni aceptación libre de acciones lesivas de la propia dignidad. ¿Qué es la dignidad? Una cualidad específicamente humana, pero también una construcción cultural; en la antigüedad, la noción romana de “dignitas” definía una posición privilegiada, un lugar en el orden divino, no era inherente a la persona sino al rol. En la modernidad, el filósofo alemán Immanuel Kant la vinculó a la facultad de autodeterminación ética y moral. Actualmente, la certeza de que el ser humano posee dignidad absoluta, irrenunciable, es un firme presupuesto de la conceptualización (occidental) de los derechos humanos. A la luz de estas reflexiones, la conducta de la madre prostituida, prostituyente, admite interpretaciones diversas; es cierto que vendió a las hijas, tan cierto como que en aquella familia nadie parece haber tenido la capacidad de constituirse en soberano de sus afectos y decisiones ni la libertad de ser que está unida a la dignidad.

Para la ONU, el comercio transatlántico de esclavos fue “el sistema de violencia institucionalizada de mayor magnitud en la historia de la humanidad”; aunque fue abolido hace dos siglos, la explotación del otro es todavía una de las más grandes empresas criminales. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima que hay en el mundo al menos 2,5 millones de víctimas de trata, el 79 por ciento de las cuales son prostituidas en 137 países. La Organización Internacional del Trabajo indica que el 98 por ciento son mujeres y niñas, y reporta que el tráfico humano y su explotación diversificada producen 32 billones de dólares anuales. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el negocio del sexo ofrece una tasa de retorno, respecto de la inversión inicial, que se ubica entre el cien y el mil por ciento; y en los “mercados menos rentables”, como el del trabajo agrícola en la India, “un trabajador esclavizado puede producir más de 50 por ciento de beneficio”.

UN MAPA COMPLICADO

Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes son las provincias argentinas de mayor reclutamiento; la Organización Mundial para las Migraciones asegura que hay una ruta de tráfico activo Paraguay-Misiones-Buenos Aires cuyo segmento de tránsito son Corrientes y Entre Ríos, y los destinos finales son la Capital Federal, Buenos Aires, la Patagonia y naciones europeas. En su informe mundial 2011 sobre trata de personas, el Departamento de Estado norteamericano enuncia que la Argentina es un país proveedor y receptor de almas traficadas; indica que muchas víctimas proceden de zonas rurales, especialmente del norte. La Triple Frontera con Paraguay y Brasil aparece como fuente significativa de tráfico humano y aberrantes transacciones sexuales con niños. Independientemente del interés estadounidense en la región, poseedora del codiciado Sistema Acuífero Guaraní, esos datos encuentran respaldo en otros documentos. Personas traficadas desde Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil y República Dominicana o captadas fronteras adentro son explotadas en prostíbulos, unidades de producción hortícola, agropecuaria y textil, la mendicidad y la venta ambulante. Relevamientos de casos judicializados muestran que el 77 por ciento son mujeres. A nivel internacional, se determinó que las más pobres terminan esclavizadas en la búsqueda de empleo, migran de país o de provincia y, al llegar a destino, sin dinero y despojadas de sus documentos de identidad, quedan atrapadas por traficantes que las controlan y las aterrorizan con acciones físicas y psicológicas, amenazas de secuestro a parientes o de sanciones policiales por irregularidades migratorias o indocumentación, e incluso mediante brujerías. Este último recurso era utilizado en un burdel de Los Ángeles, EE.UU., donde estaban cautivas mujeres y niñas de Guatemala a las que dominaban con rituales y maldiciones; así se probó en el juicio, donde hubo cinco condenados. En la Argentina, la complicidad de funcionarios públicos agrava el problema: hay policías y agentes municipales de distintas regiones, incluida la Capital Federal, procesados por proteger a proxenetas y reclutadores, a cambio de dinero. En agosto último, un tribunal oral de San Martín dictó la primera condena en la Argentina por trata “con fines de explotación para trabajo forzoso”: impuso cuatro años de cárcel a un hombre que promovió el ingreso y “permanencia ilegal” en el país de personas de Bolivia. Abusando de su “necesidad e inexperiencia”, les prometió sueldo y albergue en un taller textil en Isidro Casanova, para luego someterlas a la servidumbre. Cuando el taller fue allanado merced a una mujer que logró escapar, se secuestraron sogas, esposas y un arma de guerra. En el juicio, la defensa dijo que las víctimas llevaban vidas miserables en Bolivia, y el Tribunal retrucó: “No tiene importancia si en el lugar donde vivían se encontraban peor, pues la despersonalización no se borra con un plato más de comida. La situación previa de la víctima de trata es generalmente mala y aprovechada por los mercaderes, pero esa vulnerabilidad es lo que claramente intenta protegerse con el castigo de este delito”.

Estadísticas del Ministerio Público Fiscal argentino muestran que desde la sanción, en 2008, de la ley 26.364 sobre Trata de Personas aumentaron los juicios a traficantes (los clientes casi nunca son juzgados), que resultan bajos respecto de la dimensión del crimen: entre enero y octubre de 2011, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rescató a 1.379 víctimas. Desde 2008, se dictaron 39 sentencias, el 62 por ciento de las cuales fueron condenatorias y, en su mayoría, por proxenetismo; las penas oscilaron entre los tres y los quince años de cárcel. Increíblemente, sólo el seis por ciento de los lugares de explotación fue clausurado. Las víctimas eran oriundas de Paraguay en un 41 por ciento, de la Argentina en un 29 y, el resto, de otros países. El 71 por ciento de los condenados son argentinos, el 68 por ciento son hombres, y en apenas un caso se decomisó los bienes adquiridos a costa de la libertad y la dignidad ajenas.