Cuando se reinstauró la democracia en 1983, comenzó un proceso de recreación de la escena pública. El deshielo político fue lento y la recuperación de las instituciones gradual. No hay que olvidar que el autoritarismo había cancelado la vida política y que la posibilidad de que la ciudadanía participara en la vida pública no podía sino ser un proceso gradual.” El que habla es Oscar Oszlak, investigador del Conicet, magíster en Administración Pública y PhD en Ciencias Políticas. Treinta años de democracia permitieron ampliar el horizonte de la incidencia que pueden tener los ciudadanos en las decisiones que toma el Estado y los afectan de un modo u otro. El surgimiento y la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abren canales de ida y vuelta para que la gente se informe y participe. En 2009 Barack Obama lanzó una iniciativa de Gobierno Abierto, que consiste en dar acceso a la información pública, permitiendo así el control ciudadano y fomentando la transparencia de los actos de gobierno. También propone poner a disposición herramientas que permitan que quienes así lo deseen puedan ser parte de los procesos de gestión estatal. Por ejemplo, a través de audiencias públicas.

La Argentina forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que reúne a 60 naciones buscando compromisos concretos y acciones específicas por parte de los gobiernos participantes para “promover la transparencia, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y usar las nuevas tecnologías para fortalecer el gobierno”.

En sintonía con los preceptos de la alianza internacional, la Argentina lanzó en agosto su Portal Nacional de Datos Públicos (http://www.datospublicos.gob.ar/). Esta web reúne y da a conocer informes, estadísticas e indicadores de diversas áreas del Poder Ejecutivo. Su lanzamiento coincidió con una serie de hackatones (jornadas maratónicas donde programadores se juntan con un determinado fin) para crear aplicaciones que faciliten el uso de la información volcada en el portal. Estos encuentros llamados “Hackatones Program.AR” buscan generar una cultura de participación ciudadana y mejorar los trámites del Estado a través de herramientas informáticas. En sintonía con lo propuesto por los movimientos colaborativos, estas reuniones promueven el uso de software libre. La falta de una ley de acceso a la información hace que sólo el Poder Ejecutivo cuente con una norma (el decreto 1172/03) que propicie la apertura de la labor estatal hacia la ciudadanía.

Si bien toda herramienta que ayude a democratizar las decisiones de los gobernantes es bienvenida, no hay que perder de vista que en la Argentina cerca de la mitad de la población jamás usó internet. “En teoría, si los supuestos en que se funda la filosofía de Gobierno Abierto se cumplieran en la práctica, el hecho de que la mitad de la población no acceda a internet privaría al Estado de la posibilidad de aprovechar toda la inteligencia colectiva en beneficio de la gestión gubernamental. Pero no es el caso, porque esos supuestos no se verifican todavía en la práctica: ni los gobiernos ‘escuchan’ demasiado a los ciudadanos, ni estos están naturalmente dispuestos a participar por el simple hecho de que se abran los canales de comunicación con el Estado. En todo caso, aquellos que aún no están digitalizados pueden verse privados de la posibilidad de consultar electrónicamente o de realizar transacciones con el gobierno a través de internet. En este sentido, la brecha digital puede ahondar la brecha social”, explica Oszlak.  

Por Juan Pablo Urfeig