Así como la política es el arte de lo posible, la economía bien podría definirse como la disciplina que se ocupa de asignar recursos en función de las prioridades establecidas. Es justamente en este sentido que habría que leer la última pulseada en el Congreso nacional por la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y la que, en este marco, fue la madre de todas las batallas, la vuelta de la fijación de derechos de exportación (retenciones) a la esfera legislativa.

La pirotecnia verbal y el debate en torno a la alícuota que deben tributar los diversos granos exportados impiden ver qué hay detrás de las retenciones. Mucho se habló del aporte de los derechos de exportación a las arcas públicas y, ciertamente, es muy importante el impacto fiscal de una medida que prescinda de esos recursos. Pero eso no es todo. Los derechos de exportación también constituyen un instrumento para orientar la producción nacional en un sentido u otro.

Así, bajar las retenciones beneficia a los productores primarios pero incrementa el precio interno de los insumos que utilizan, por ejemplo, las industrias molinera y aceitera, o los alimentos que suministran a los animales los productores lecheros, ganaderos (bovinos, porcinos) y avícolas, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Para Enrique Dentice, economista senior de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, las retenciones son parte de un delicado equilibrio macroeconómico, y por eso es tan difícil tomar la decisión de quitarlas o reducirlas. “Desde luego que la quita de las retenciones es un reclamo del sector agropecuario, pero también responden a una necesidad fiscal, por eso no se pueden tocar fácilmente”, dice el economista. No es el único argumento.

Dentice recuerda que las retenciones se pusieron en 2002 para evitar el traslado de los precios internacionales al mercado interno. Pero asegura que “si hoy se sacaran las retenciones, por ejemplo en maíz y trigo, esto tendría incidencia en la suba de los precios internos de la carne, la leche y las harinas. Con la inflación que hoy tiene el país, es un mal momento para sacarlas”.

En su opinión, una baja en las retenciones al trigo supondría “trasladar esa alícuota al costo de la materia prima que debe pagar la industria harinera, y el incremento llegaría a los panificados y productos a base de harina, que son consumidos en un porcentaje muy alto de su dieta por los sectores de bajos ingresos”.

Por su parte, Rogelio Frigerio (n), titular de la consultora Economía y Regiones, considera que las retenciones “son un impuesto distorsivo que grava la facturación y no las utilidades de las empresas”. Por eso, sostiene, “no es un impuesto defendible” desde el punto de vista de su alcance.

Frigerio considera que “tras la megadevaluación del peso en 2002 se impusieron las retenciones para alcanzar, de alguna manera, las ganancias extraordinarias de competitividad por el tipo de cambio”, pero afirma que “hoy, con el deterioro de la competitividad en virtud del proceso de paulatina apreciación de la moneda por la inflación, ya no habría que seguir con ese esquema”.

Para Frigerio, “eliminar las retenciones debería estar en los primeros lugares de la agenda política y económica a corto plazo. Además, hacer esto tendría un impacto ventajoso en el interior del país”, destaca. No obstante, piensa que el caso de la soja es distinto por el impacto fiscal que tendría.

Con la soja “esto debería hacerse en un proceso gradual de reducción de las retenciones, y un mecanismo que se podría utilizar es tomar las retenciones como pago a cuenta de Ganancias, con lo que se iría a un sistema que grava las utilidades y no la facturación”, aduce el economista.

VALOR AGREGADO
Desde hace años los economistas coinciden en valorar la capacidad competitiva de la Argentina para desarrollar su agroindustria y el sector de alimentos. Allí sí, dicen a coro, nuestro país tiene ventajas comparativas y puede competir de igual a igual con los mejores productores a nivel mundial.

Pese al desarrollo que tuvo la industria de alimentos en los últimos años, todavía le falta mucho camino por recorrer. Es que en la economía actual no basta con tener ventajas naturales; eso hay que complementarlo con incentivos tributarios, estrategias de producción y comercialización e inversiones en equipamiento e infraestructura.

Un informe reciente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea sostiene que “el esquema actual de derechos de exportación promueve con incentivos fiscales el agregado de valor (transformación de los granos en otros bienes) en productos lácteos, en carne aviar, en carne porcina y en harinas de trigo”. Sin embargo, distingue que en la cadena de la soja y sus derivados (aceite y harina) “el esquema está seguramente cerca de ser neutro, mientras que en la cadena del maíz y la carne bovina, de ser negativo”, dado que la brecha entre las retenciones que paga el maíz y las que paga la carne bovina es tan pequeña que “castiga la transformación”.

El documento elaborado por Juan Manuel Garzón, economista jefe de la entidad, propone “definir una baja gradual de los derechos de exportación sobre las commodities que se encuentran al inicio de las cadenas (aguas arriba) y la eliminación de la carga sobre los productos que se encuentran en los eslabones siguientes (aguas abajo)”.

El autor propone replicar lo que permitió las inversiones y expansión de la industria aceitera, gracias a un diferencial del orden del 3 por ciento. “Retenciones más elevadas desalientan inversiones en tecnología aguas arriba. Eliminarlas de cuajo podría abortar la expansión que se observa aguas abajo en distintas actividades productivas (molinos harineros, industria aviar)”, dice.

Hay acuerdo en que la Argentina necesita incrementar la generación de valor al interior de las cadenas productivas. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner alega que en lugar de exportar soja (en granos) el país debe apuntar a vender “milanesas de soja en cajitas” porque eso puede comercializarse a otro precio. Esta visión se da en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial que lanzó el Gobierno en mayo pasado.

Sólo basta recordar que una tonelada de soja ronda los 420 dólares, mientras que la tonelada de aceite extraído de esa oleaginosa trepa a 890 y la milanesa de soja fraccionada y envasada podría venderse hasta a 4.500 dólares la tonelada. No hay mucho más que agregar.