Por María Florencia Alcaraz. El 3 de junio de 2015 comenzó una transformación irreversible. Todavía una mujer es asesinada todos los días por el hecho de ser mujer. Sin embargo, la conciencia colectiva de esa realidad hizo bajar la vara de la tolerancia cotidiana hacia las violencias machistas que existía antes de Ni Una Menos. La transformación también dio sus conquistas en el plano legislativo: que el aborto haya tomado estado parlamentario por primera vez desde el regreso de la democracia es la evidencia de la persistencia y la tenacidad militante de los feminismos.

Aquello que se disputa y derrama en escuelas, en casas, en calles, en sindicatos, en barrios, en todos lados, también disputa construcción de políticas públicas y conquista derechos. El feminismo, desde la presencia callejera y la transversalidad política, logró algo que parecía imposible: ampliar derechos en tiempos de Cambiemos. El 14 de junio se logró media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El 8 de agosto las y los senadores tendrán la oportunidad histórica de convertirlo en ley.

El 4 de julio, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la ley Brisa, que establece una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios. “El caso de Brisa es uno de entre miles de niñas y niños que quedan desamparados cuando el Estado no llega en la prevención de la violencia de género”, dice la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente para la Victoria-PJ, una de las impulsoras de la propuesta. Según un relevamiento de la Casa del Encuentro, desde 2009 hubo 2.384 femicidios y femicidios vinculados: 2.919 hijas e hijos quedaron sin madre.

Ni Una Menos fue una advertencia. Cuando promediaba el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el grito masivo contra los femicidios marcó las elecciones de ese año y abrió, a la fuerza, una conversación nueva en la política. La historia de los feminismos, con los Encuentros Nacionales de Mujeres como columna vertebral, se hacía visible para quienes la habían subestimado. Con el triunfo legislativo de una propuesta conservadora en las urnas hacia finales de ese año y mientras los Estados se patriarcalizan en la región, el feminismo se presentó como un claro actor opositor a la propuesta neoliberal. Una fuerza que impugna el patriarcado pero también el capitalismo en cada movilización.

El 19 de octubre de 2016, las mujeres, lesbianas, travestis y trans le hicieron el primer paro a este gobierno, y el 8 de marzo de 2017 llevaron adelante el primer paro internacional. “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, fue una de las consignas. Estas acciones se tejieron en asambleas populares y democráticas convocadas por el colectivo Ni Una Menos. Los feminismos hicieron visible ese hilo con el que se hilvanan las violencias físicas y las violencias económicas en un contexto de ajuste, desocupación y despidos masivos.

UNA LUCHA QUE NO SE DETIENE

“El feminismo con su lenguaje y sus signos ingresó en el sentido común. Ya forma parte de las conversaciones cotidianas y produjo un replanteo en los pactos sexuales y vinculares que todavía está en proceso. Empezamos pidiendo que paren de matarnos y después fuimos hilando esos reclamos con las luchas económicas que hacen posible un sistema de vulneración de las vidas”, dice Marina Mariasch, escritora e integrante de Ni Una Menos.

Un grupo de investigadoras que visitó escuelas para conocer el impacto de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) desde su sanción en 2006 publicó el informe “El derecho a la educación sexual integral en la Argentina. Aprendizajes de una experiencia exitosa”, a cargo de Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales.

La implementación de la ESI es una demanda del primer Ni Una Menos que sigue intacta. La ESI no es una receta mágica: es un derecho que hoy no se cumple. En dos informes, uno de 2017 a pedido de la Fundación Huésped y otro de 2018 publicado por el Observatorio de Derechos Humanos, Cambiemos admitió que mientras que en 2015 el presupuesto para ESI fue de 55 millones de pesos, en 2016 se redujo a 27 millones, y en 2017 se ejecutaron 43, que sigue siendo mucho menor a lo destinado en 2015, si se tiene en cuenta la inflación. Sin embargo, hubo determinadas respuestas institucionales. En estos tres años se mejoró el registro y la sistematización de información judicial sobre femicidios. También se avanzó en la investigación con la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en el marco del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y se aprobó el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres. A fines de 2015, el Congreso aprobó la ley para que las víctimas de violencia machista de todo el país puedan contar con patrocinio jurídico gratuito. Todavía esta legislación no ha sido implementada en su totalidad por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En junio de este año se dio otro avance histórico: por primera vez la Justicia argentina aplicó la figura de travesticidio. Gabriel Marino fue condenado por el travesticidio de la activista Diana Sacayán, ocurrido en 2015. La militante travesti Alma Fernández destaca esta decisión judicial: “Sin la ley de Identidad de Género, antes en este país nos sentaban en un Tribunal para juzgarnos por prostitutas, narcotraficantes, ladronas o ilegales”. Este hecho hace emerger, a su vez, una agenda que sigue vigente: cómo cercar las violencias estructurales hacia travestis y trans que ponen una vara de expectativa de vida de 35 años en la ciudad de Buenos Aires. Georgina Orellano es secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) y suma una deuda pendiente a la agenda que se viene: “Venimos trabajando en un proyecto de reconocimiento del trabajo sexual. Es una nueva ley que plantea la despenalización teniendo en cuenta que, a nivel municipal y provincial, en 18 provincias hay códigos contravencionales y ordenanzas que prohíben ejercer el trabajo sexual en el espacio público o en ámbitos privados”.