Por María Rachid. En 2004, el Gobierno nacional nos convocó a las organizaciones para hacer un diagnóstico de la situación de la diversidad sexual en la Argentina y realizar propuestas de políticas públicas relacionadas con la diversidad para el Plan Nacional contra la Discriminación que se publicaría luego como decreto del ex presidente Néstor Kirchner. Era la primera vez que ocurría. Estábamos lejos de reivindicar la igualdad de derechos, y los que se reivindicaban, hoy nos parecerían humillantes. Tan lejos que ninguna organización planteó en aquellos debates la posibilidad del matrimonio igualitario. Y aunque no lo exigimos en 2004, esa convocatoria para el Plan Nacional contra la Discriminación nos indicaba que un nuevo paradigma en derechos humanos se estaba instalando en el país, mientras, en la esfera internacional, para el año siguiente, el quinto país en el mundo aprobaba el matrimonio igualitario. Era España. “Nosotrxs también podemos” fue el título del primer volante de la Federación Argentina LGBT, la primera organización argentina en plantear el matrimonio igualitario, junto a otras cuatro consignas más: ley de identidad de género, derogación de los artículos que criminalizaban la “homosexualidad” y el “travestismo” en dieciséis distritos del país, la inclusión de la diversidad en la Educación Sexual Integral y una nueva Ley Antidiscriminatoria. En aquel contexto, plantear la posibilidad del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género era revolucionario. A pesar de algunas voces disidentes cuando comenzamos a debatirlo, todas las organizaciones de los movimientos LGBT y feministas apoyaron los proyectos.

Ambas leyes eran y son necesarias, no sólo por la ampliación de derechos, sino también porque el reconocimiento del Estado, sea de la identidad o de la igualdad en derechos, es una herramienta fundamental para luchar contra la discriminación y la violencia que viven muchas personas LGBT en su vida cotidiana: en sus hogares, en el trabajo, en el ámbito educativo o de la salud, en la calle.

CAMBIAMOS

Hoy estamos ante un nuevo contexto. Más hostil en lo que tiene que ver con el Gobierno, pero que nos permite mayor profundidad en los debates producto de la fuerza ya instalada en la sociedad del movimiento de mujeres y el movimiento feminista.La ausencia del Estado es un problema a la hora de avanzar por el reconocimiento de nuevos derechos y también a la hora de defender el cumplimiento de los derechos conquistados. Por otro lado, hoy la preocupación de la mayoría de las organizaciones de diversidad vuelve a ser la persecución. Convivimos con el mensaje constante de desvalorización de los derechos humanos y la impunidad que se les garantiza a las fuerzas de seguridad con el fin de contar con ellas para frenar las reacciones frente a la política de ajuste de este Gobierno, que las habilita a constantes violaciones a los derechos de los grupos más vulnerados, entre ellos, la diversidad, y principalmente las personas trans. Aún en este contexto, el movimiento feminista, producto de muchos factores, entre ellos la transversalidad social y política del Ni Una Menos, cobró una fuerza irrefrenable, que avanza hacia el reconocimiento de otros derechos, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una fuerza que está poniendo todas las premisas del patriarcado en debate, que hoy asegura que este “se va a caer”. Esto nos permite analizar con más profundidad el entramado que desarmaron las leyes del Matrimonio Igualitario y la ley de Identidad de Género y que aún quedó ahí, en esas mismas leyes, y que tenemos que seguir desarmando. Para esto, tenemos que hacernos nuevas preguntas. Que quizás hoy puedan sonar extrañas, pero que son necesarias si queremos “que se caiga” porque son las bases conceptuales sobre las que se construye el sistema patriarcal.

Se supone que el matrimonio es una institución jurídica para proteger a las personas que amamos y compartir con ellxs derechos y bienes, pero en realidad es una institución creada para poner la sexualidad al servicio de la reproducción y ordenar el sistema respecto de la propiedad de los bienes en la sociedad. Por eso la diversidad no podía entrar, nosotrxs no garantizábamos esa reproducción, y al no haber posibilidad de heredar, el matrimonio no tenía sentido. Por eso nuestra inclusión al matrimonio no era la adhesión a una institución patriarcal sino quizás el comienzo de su profunda transformación. Porque si de verdad queremos que sea una institución para proteger a las personas que queremos: ¿por qué tiene que ser una pareja? ¿Por qué tenemos que ser dos, inclu￾so para tener hijxs? ¿Por qué tiene que ser bajo el paraguas del amor romántico? ¿No podemos querer proteger del mismo modo a otros amores o afectos? Algo de estos debates se fueron dando en el reconocimiento de la triple filiación en algunos distritos y en algunos amparos judiciales que plantean otras formas del amor.

Respecto de la identidad de género también hay preguntas para hacernos. Hoy podemos elegir el género que queremos tener en cualquier momento de nuestras vidas. No depende de nuestro cuerpo, ni de nuestro aspecto, ni de nuestra ropa o de nuestra forma de relacionarnos, sólo depende de nuestra autopercepción. Pero siendo así, qué sentido tiene la construcción del género como identidad y qué sentido tiene dividirla en dos posibilidades cuando podría haber tantas como personas que existen. Entonces, ¿por qué no poder elegir entre más posibilidades? Hombre, mujer, trans, travesti, transexual, transgénero (podría seguir, pero Facebook ya tiene 54 posibilidades y seguro se olvidaron de unas cuantas). ¿Y la posibilidad de no pertenecer a ninguna categoría estandarizada? ¿O de fluir entre varias? Y si hay tantas posibilidades, y estas no deberían tener relevancia jurídica en el sentido de acceder o no a derechos, ¿qué sentido tiene elegir una para los documentos y formularios? ¿Por qué no sacar ese dato de los registros? ¿No son los “sexos” y los “géneros” una construcción del sexismo, como es la “raza” del racismo? ¿Cómo evitamos estas categorías sin invalidar las acciones positivas en favor de los grupos vulnera￾dos por la construcción de esas mismas categorías?

Para seguir ampliando derechos respecto de la diversidad, tenemos que garantizar el acceso a los derechos humanos de todas las personas. Para esto hay propuestas, como las de la nueva Ley Antidiscriminatoria, que propone políticas para prevenir y erradicar la segregación para la diversidad y muchos otros grupos vulnerados, o la ley integral trans, que propone cupos en la administración pública, incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans, subsidios para cooperativas de personas trans, programas de terminalidad escolar, una asignación universal trans, entre otras políticas públicas para garantizar el acceso a todos los derechos de la comunidad trans. Pero también tenemos que seguir pensando qué sociedad queremos, con qué conceptos, con qué lenguaje, qué protección queremos del Estado y qué Estado queremos, para velar por todo lo que logremos como sociedad. Porque sin cuestionaresos conceptos sobre los que se construye el pa￾triarcado, este no se va a caer. Y sin un Estado que proteja nuestros intereses por encima de los de los sectores más poderosos, que no quieren que se caiga, tampoco. Y si queremos igualdad real –no tan sólo jurídica– para todas, todos, todes.