Es conocida en el mundo la tendencia negacionista sobre los crímenes del nazismo contra los judíos. Cada tanto, el negacionismo se genera desde las usinas vinculadas con movimientos antidemocráticos. Como no es posible negar la magnitud de crímenes de Estado, como el de la dictadura militar a partir de 1976, los defensores ideológicos de la prosapia oligárquica argentina intentan negar las prácticas de la memoria sobre el pasado y remitirlas a un uso político del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Los negacionistas argentinos –periodistas, intelectuales y algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri– quieren barrer la memoria histórica de por qué se cometieron los crímenes y sus consecuencias sociales y políticas. Porque corrido el velo de los asesinatos, torturas, robo de bebés, secuestros y robos producidos por los militares, anidan los beneficiarios directos de ese modelo de “guerra sucia”, el interés económico que los favoreció y que remite a los dueños del poder económico nacional y transnacional. Los negacionistas argentinos suelen usar diversos argumentos. El más común es cuestionar el número de víctimas. Muchos limitan la cantidad de desaparecidos a 8.900, la cifra incluida en el Nunca Más. El número 30.000 no es específico ni pretende serlo. Es estimativo y se basa, entre otras cosas, en un informe de inteligencia del Batallón 601 de 1978 y del Cels en 1982, pero cuarenta años después el trabajo de los organismos humanitarios elevó esa cifra a casi el doble. Por lo tanto, el negacionismo basado en la precisión numérica es el más ineficaz para cuestionar las políticas de memoria. Otro argumento es emparentar los crímenes de la dictadura con los producidos por la guerrilla en aras de una “memoria completa”, para negar el carácter de víctimas de los desaparecidos. Esto ignora que hacia 1975 la guerrilla estaba en vías de extinción, que la dictadura tuvo como leitmotiv central reprimir al movimiento obrero: la Conadep señala que el 56 por ciento de las víctimas eran obreros. Y que cuando se habla de delitos de lesa humanidad ellos se refieren a los producidos por los Estados que tienen el monopolio de la fuerzas y del ejercicio de la ley. Los negacionistas intentan minimizar o negar el verdadero motivo de la llegada de la dictadura: no fue exterminar a la guerrilla marxista y peronista; la dictadura tuvo un plan sistemático de exterminio de los opositores, montó un régimen ilegal y clandestino de asesinatos, secuestros y robo de bebés, sostenido en el tiempo por un Estado cuyo objetivo central fue el reformateo económico y social de la Argentina. La brutal transferencia de ingresos de los asalariados a los más ricos, el endeudamiento externo y el ingreso de la Argentina a la transnacionalización financiera. Por tanto, los negacionistas encubren el interés en defender a los beneficiarios económicos del plan dictatorial: la gran burguesía agroexportadora, las empresas transnacionales y el capital financiero internacional.

Según Tzvetan Tódorov, la memoria promueve no sólo la justicia sino la verdad y la ejemplaridad. El subsuelo de la conducta de los negacionistas es la búsqueda de impunidad no como ausencia de castigo a los criminales sino como un revisionismo histórico que los justifique. Algo más, la resistencia a que grandes empresarios argentinos sean juzgados explica el regreso del negacionismo criollo en momentos en que, con Macri en la presidencia, los CEO llegaron al poder inaugurando la ceocracia como forma de gobierno, que requiere un barrido de la memoria de sus complicidades civiles con la mayor tragedia argentina. El negacionismo actual es una autodefensa de quienes están en el poder. De quienes se oponen a que la justicia llegue a los empresarios y civiles que se beneficiaron entonces y ahora de las políticas económicas depredadoras del Estado y de los derechos laborales, civiles y políticos de las mayorías. Con dictaduras militares o con votos, la ecuación es la misma: olvidar para la impunidad.