Allá lejos y hace tiempo, en el principio de su gestión, Mauricio Macri decidió crear la Policía Metropolitana. La plata del gobierno nacional no llegaba pero él estaba obstinado con cumplir su gran promesa de campaña. Y contra viento y marea y la opinión de sus amigos del PRO (ellos no son compañeros, ni correligionarios, mucho menos camaradas), se empecinó en nombrar a Jorge “Fino” Palacios como su jefe. Era una decisión personal y no se discutía. Palacios había colaborado en la liberación de su hermana secuestrada y él lo había llevado a trabajar en la seguridad de Boca Juniors. Era uno de los suyos. Cuando aparecieron las primeras denuncias por su encubrimiento en el atentado de la Amia, la Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas de la Amia salieron a criticar su designación. Sergio Burstein era uno de ellos y, a los pocos días, un anónimo en su casa le comunicaba a su hija: “Decíle a tu papá que el Fino Palacios lo está espiando”. Mauricio Macri salió a defenderlo: “Es el policía más condecorado del país. Tanto que lo condecoraron hasta las propias instituciones judías”. Inmediatamente la Amia y la Daia salieron a negar esas condecoraciones o ponerlas en contexto histórico. El propio Burstein contó que Palacios resultó para ellos como “el Alfredo Astiz de las Madres de Plaza de Mayo”. Según Burstein, se infiltró entre las víctimas prometiendo colaboración para poder, en realidad, encubrir a los verdaderos responsables. Macri seguía defendiendo su designación hasta que la Justicia lo procesó por encubrimiento en la causa Amia y lo tuvo que echar de la fuerza mientras crecían las denuncias por escuchas telefónicas. A Burnstein se sumaban los empresarios Carlos Ávila y Alfredo Coto, el abogado Francisco Castex y hasta al marido de Sandra Macri, Daniel Leonardo. El encargado del operativo de las escuchas resultó ser el policía Ciro James, un viejo conocido de Palacios en la Policía Federal. A través de dos jueces misioneros, Horacio Gallardo y José Luis Rey, ordenaba las escuchas. También está implicada la secretaria de uno de esos jueces y cinco policías misioneros. Recordemos que Macri fue uno de los principales contratistas del gobierno misionero en los tiempos de Ramón Puerta y hasta pensó en ser candidato a diputado por esa provincia en 1999. Los jueces terminaron destituidos y detenidos por orden de Oyarbide. También Oyarbide ordenó procesar y detener a Palacios en el penal de Marcos Paz junto a Ciro James.
Para reemplazar a Palacios, Macri nombró a Osvaldo Chamorro al frente de la Metropolitana. Otro viejo conocido de Palacios en la Federal que de inmediato fue eyectado de su puesto cuando se descubrió que tenía una consultora al lado de la del Fino Palacios y que se dedicaba a averiguar antecedentes de rivales políticos de Macri e incluso de gente de su propio gabinete, como Horacio Rodríguez Larreta.
Macri insistía en que no tenía nada que ver con las escuchas y que no conocía a James. Sostenía que era “víctima de un persecución política” y que a James se lo había plantado la Federal. Pero ante el juez Oyarbide, el propio Palacios reconoció que él lo había recomendado ante la Metropolitana. Además, James figuraba como asesor legal del Ministerio de Educación –con un sueldo de seis mil pesos mensuales– a pesar de no haber presentado un solo trabajo y de que la antena de su celular demostrara que pasaba más tiempo en el Ministerio de Seguridad que en el de Educación. Además, Agustín Gamboa, titular de Política Criminal del Ministerio Público fiscal porteño, reconoció en el juzgado que James solía visitarlo como encargado del “área de investigaciones” de la Metropolitana.
Cuando la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó lo actuado por Oyarbide y su calificación de asociación ilícita y le solicitó que investigara lo que parecía “una empresa del delito” montada sobre una “organización paraestatal”, inmediatamente Oyarbide convocó a Macri como miembro de una asociación ilícita y al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y al de Educación, Mariano Narodowski, como sus encubridores.
Las pruebas contra Macri eran cada vez más relevantes: nueve de las 14 grabaciones con pinchaduras telefónicas que Ciro James retiró de la Side las llevaba, según la ubicación de las antenas del Nextel del policía, a Barrio Parque, donde tiene su domicilio Macri; su propio cuñado, Daniel Leonardo, atribuyó las escuchas a su suegro Franco pero dijo que no podrían haberse realizado sin la complicidad de Mauricio; Leonardo presentó un escrito rectificándose de estos dichos, pero luego Anita –la secretaria privada de Macri en la jefatura porteña– reconoció que esa rectificación la había escrito el propio Mauricio Macri y que ella le había reenviado ese mail a Leonardo. Macri salió a decir que su cuñado era poco menos que un tarado y que él entonces, con las mejores intenciones, le escribió su rectificación.
Inmediatamente el jefe de gobierno porteño aseguró que se ponía a disposición de la Justicia y que no temía ser investigado. Pero por si acaso, programó un viaje a la India en la fecha en que el juez Oyarbide lo citó a indagatoria y lo obligó a posponerla. Y hasta le pidió a Montenegro que recusara al juez Oyarbide. La Cámara Federal confirmó a Oyarbide y denegó por improcedente la recusación. Sin embargo, a la hora de presentarse ante el juez, Montenegro envió un escrito y se negó a responder las preguntas de Oyarbide. Y de paso, presentó una nueva apelación ante la Cámara de Casación para volver a pedir que apartaran al juez de la causa. ¿A eso entenderá Macri por ponerse a disposición de la Justicia?

Macri tiene quien lo defienda
Por las dudas, Mauricio Macri decidió defenderse con uno de los estudios jurídicos más famosos y caros de la Argentina: Landaburu, Feder, Carrió, Mayer y Rosental Abogados. Es el mismo buffet que lo representó en los tiempos de la causa por contrabando de autos, vía Uruguay, que le costó la renuncia al entonces presidente de la Corte Suprema menemista, Julio Nazareno, por las profundas irregularidades en la investigación de la causa, todas beneficiando a la familia Macri. Pero además, la contratación de este buffet podría ser la explicación de una de las escuchas telefónicas que sonaba más difícil de explicar, la del abogado Francisco Castex. En 2006, Castex actuó como querellante del supermercado Carrefour en una demanda contra el Exxel Group y la consultora Price Waterhouse. Esta causa terminó con el apartamiento de los peritos contables de la Corte Suprema por realizar maniobras para favorecer a la consultora que, precisamente, tenía como abogados al estudio Landaburu, Feder, Carrió, Mayer y Rosental Abogados. O sea, el abogado que denunció a los abogados de Macri terminó con su teléfono pinchado.
Macri, como si nada, jura que ya es uno de los principales “precandidatos a presidente en 2011”, a pesar de que sería inminente su procesamiento y la formación de una comisión investigadora –paso previo al juicio político– en la Legislatura porteña. Recién llegado de su viaje a la India no anunció ninguna inversión del gigante asiático, pero sí tuvo tiempo de asegurar que no tiene miedo de enfrentar al juez Oyarbide ni de su situación en la causa. Pero a esta altura, ya sabemos que Macri no siempre dice la verdad.