Justo antes de la Navidad de 1986, sobre el final de ese año que consagró a la Argentina como ganadora del Mundial de Fútbol, el mismo en que murió el escritor Jorge Luis Borges, la democracia recuperada tres años atrás sufriría un retroceso muy importante: se sancionó la Ley de Punto Final.

Bajo el número 23.492, la normativa estableció «la paralización de la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983». Fue promulgada por el Poder Ejecutivo al día siguiente, en vísperas de la Navidad.

Antes de su tratamiento parlamentario, el pueblo manifestó su repudio mediante una enorme movilización, que reunió cerca de 100.000 personas, convocadas por los organismos de Derechos Humanos, de la cual participaron la Conadep, el Serpaj, la CGT, los partidos de izquierda, la izquierda peronista y organizaciones sociales.

Al año siguiente, el 4 de junio de 1987, sería aprobada la Ley de Obediencia Debida. Se les dio entonces el apelativo de «leyes del perdón», pero luego, una visión renovada de la historia las nombraría como «leyes de impunidad». Los radicales, en su defensa, aseguran que era imposible juzgar a todos los genocidas y que ya en la plataforma electoral de 1983 que llevó a la presidencia a Raúl Alfonsín, estaba contemplada la idea de que los juicios no podían ser eternos ni abarcar a todos los militares en actividad.

Ya en 2003, la diputada Patricia Walsh presentó un proyecto para anular estas leyes, que fue consolidado en el Senado el 20 de agosto y promulgado por el entonces presidente Néstor Kirchner. En este mismo camino, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales aquellas leyes de impunidad y, de ese modo, abrió la vía judicial para que fueran juzgados cientos de represores.

De acuerdo a un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, desde 2008 hubo 791 condenas en todo el país por crímenes de lesa humanidad.