Cuenta la historia que antes de fundar la guerrilla de las Farc, el fallecido y mítico líder rebelde Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, creó la República Libre de Marquetalia, en el departamento de Tolima, Colombia. El 9 de abril de 1948, la elite local ya había liquidado al dirigente más popular de su país, el liberal Jorge Eliécer Gaitán, y el levantamiento conocido como el Bogotazo tampoco había logrado frenar la restauración conservadora que en el interior rural se traducía en consolidación de los latifundios y en desaparición de los líderes campesinos en manos de las milicias de los terratenientes. 
Por eso, Tirofijo decidió que era la hora de amuchar a los labriegos pobres, organizarlos y armarse para construir su futuro. Ese es el pequeño prólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego, durante más de medio siglo, el conflicto armado siempre creció y colisionó alrededor de esa historia: la dificultad por el acceso a la tierra. Ahora, tras meses de diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la cúpula de las Farc en Cuba, el histórico proceso de paz, que podría terminar con la guerra más larga de Latinoamérica, ha dado su primer fruto: ambas partes firmarán un documento titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.
Marisol Gómez, corresponsal del matutino más influyente de Colombia, El Tiempo, es una de las pocas cronistas que ha podido acceder al III Salón del Palacio de Convenciones de La Habana, donde se desarrollan las negociaciones con mucha discreción y hermetismo. Gómez destaca, como la mayoría de los especialistas colombianos, que la construcción de un denominador común en el capítulo agrario despeja el camino de la agenda bilateral porque se suponía que “era el punto más intrincado de la negociación”. 
Sin embargo, Gómez advierte: “El tratamiento de los grandes latifundios, la cantidad de zonas de reserva campesina y los controles de la explotación minera y la inversión extranjera seguirán siendo temas de duro debate. Además, el gobierno y las Farc aún mantienen diferencias en el número de personas que no tienen tierra y que deben adquirirla a partir de los acuerdos de paz. La guerrilla, por ejemplo, considera que 250 mil campesinos es un número bajo frente al tamaño del despojo y el desplazamiento que ha habido por el conflicto armado”. Según el Consejo de Refugiados de Noruega, los desplazados internos en Colombia alcanzarían la cifra de cinco millones de personas.
Por otro lado, uno de los principales promotores del diálogo en el tablero doméstico –ya que ambas partes decidieron que el proceso de paz debe llevarse en el extranjero– por parte de la sociedad civil, Roberto Romero Ospina, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, advirtió: “El acuerdo llenó de optimismo a los colombianos un domingo en el que tal vez los conmovieron más los segundos puestos del ciclista Rigoberto Urán en el Giro de Italia y del automovilista Carlos Muñoz en las 500 millas de Indianápolis. Sin embargo, se trata de aspectos muy generales ya que no se dieron a conocer los detalles de este primer pacto, aunque de por sí demuestra la voluntad política de resolver la injusta situación de la ruralidad y, sin duda, causa primera del conflicto. A excepción quizá de la creación de un Fondo de Tierras propuesto por las Farc conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o de tierras incautadas al narcotráfico”.

EL DIÁLOGO
Caras y Caretas se comunicó además con el periodista de Telesur Jorge Enrique Botero, uno de los mayores especialistas en el conflicto armado colombiano, para conocer los claroscuros del proceso y para tratar de anticipar cómo seguirá la agenda del diálogo.
–¿Considera viable el acuerdo firmado teniendo en cuenta la enorme asimetría ideológica que separa a los dos actores principales del proceso de paz?
–Teniendo en cuenta que el conflicto local tiene su origen en el sector agrario es muy importante que las dos partes hayan construido un acuerdo en la discusión sobre el acceso a la tierra. Sin duda, era el tema más complejo y en el cual ha habido las más grandes diferencias políticas nacionales en todas estas décadas. Ahora, se puede ver con optimismo lo que viene en el proceso de paz de La Habana.
–¿Cómo entiende que podrían generarse mecanismos de negociación desde el Estado para equilibrar en el futuro el acceso a la tierra?
–La idea es que en el país puedan convivir varios modelos de desarrollo agrícola. Los modelos que impulsan la agroindustria y la siembra de biocombustibles junto a la ganadería extensiva deberían convivir con los proyectos de economía campesina, que fundamentalmente generan alimentos. Para que ello sea posible es fundamental que puedan desarrollarse las denominadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que son territorios de extensiones bastante grandes. Yo tuve la oportunidad de conocer una ZRC de 500 mil hectáreas, en la zona del Magdalena Medio, que es el corazón del país geográficamente hablando, y se trata de formas de autogestión campesinas que tienen sus propios proyectos de desarrollo. Por ejemplo, la bufalera –cría de búfalos– que conocí es muy exitosa y los campesinos estaban tratando de generar, paralelamente, en esa Zona de Reserva unos cultivos de caña de azúcar. Bueno, en esos territorios, los beneficiados tratan de darse sus propias formas de gobierno en un sentido no de desafío a la autoridad sino de generar sus propios proyectos de subsistencia ante la ausencia del Estado y las amenazas del paramilitarismo.
–¿Dónde están ubicadas esas Zonas de Reserva Campesina?
–Concuerdan con las regiones donde, históricamente, las Farc han tenido más influencia en la población local, lo que hace pensar que la guerrilla en su ánimo de irrumpir en la escena política nacional va a construir su retaguardia estratégica en los territorios campesinos donde es fuerte y que, tras este acuerdo, estaría menos proclive a ser desmantelada por los señores terratenientes.
–Ya que menciona el futuro político de la guerrilla, el próximo punto de la mesa pasa por la participación de las Farc en política. ¿Es posible que los insurgentes devuelvan las armas y decidan competir en el sistema electoral?
–Superado el tema más complejo de la negociación, se viene un tema que tiene sus propias dificultades y que se ha denominado como el de la participación política. Hace un mes se realizó en Bogotá un foro de discusión pública avalado por la ONU para analizar este punto. Básicamente, en esa instancia quedó en claro que la mayor parte de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y del movimiento estudiantil local convocaron al Estado a generar las reformas políticas necesarias para que las Farc participen en política sin repetir el fracaso de la experiencia de la Unión Patriótica, que tuvo más de cinco mil militantes asesinados en la década del 80, durante el último proceso de paz significativo que abrió la puerta para que la guerrilla abandonara la ilegalidad y la lucha clandestina.
–El presidente Juan Manuel Santos va por su reelección. ¿Cuáles son sus chances de ganar y qué lugar ocupa el proceso de paz en la agenda política nacional?
–Indudablemente, la futura carrera política presidencial está quedando amarrada a las negociaciones de paz en Cuba. En ese sentido, es muy probable que la sociedad colombiana y la mayoría de los votantes apoyen la candidatura de Santos. Por otro lado, sin pecar de optimismo, puedo asegurar que el principal rival del oficialismo, el uribismo, es hoy una fuerza política en retroceso. Este sector de la derecha local llegó a su pico durante el segundo mandato de Álvaro Uribe pero, ahora, su hegemonía está en franca decadencia. La voz del ex presidente, en el contexto político nacional, ya no tiene ni la fuerza ni el eco de años anteriores. En líneas generales, la gente aprueba el proceso de paz y, hasta el momento, Santos está capitalizando los frutos alcanzados en La Habana.