Por un profundo error de concepción política, el ataque al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano del Ejército Argentino, en La Tablada, derivó en consecuencias muy lejanas a las buscadas por el Movimiento Todos por la Patria.

El movimiento había surgido por la unión entre militantes de izquierda y sectores de la Iglesia ligados a la Teología de la Liberación, entre los que se destacaba la participación de Fray Antonio Puigjané. Provenientes de la militancia barrial en distintas villas, hicieron una fallida interpretación de la realidad política y terminaron envueltos en una acción armada, promovida por el ex dirigente del PRT-ERP, Enrique Gorriarán Merlo.

El 23 de enero de 1989 asaltaron el cuartel fingiendo ser militares carapintada, con la intención de que el falso copamiento pusiera en alerta al pueblo frente a la posibilidad real de una insurrección militar. Los 46 militantes fueron sometidos por las fuerzas de seguridad: 33 de ellos resultaron muertos y cuatro están desaparecidos. Los sobrevivientes declararon que fueron sometidos a torturas y está comprobado el fusilamiento de al menos una persona, Pablo Ramos, de quien los militares dijeron que murió en el enfrentamiento pero luego se lo pudo ver en fotografías de la prensa, detenido y sin heridas. Todo esto ocurrió en plena democracia, sobre el final del gobierno del presidente Raúl Alfonsín.

Paradójicamente a lo planeado por el MTP, la democracia resultó muy perjudicada por todo lo ocurrido. Apenas concluyó el enfrentamiento, Alfonsín creó el Consejo de Seguridad Nacional, integrado al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, presentó un proyecto de ley sobre terrorismo y promulgó el decreto 327/89, que permitía la intervención de la inteligencia militar en los asuntos internos.

Desde los organismos de Derechos Humanos hubo un fuerte repudio a la toma de las armas por parte de los militantes del MTP, algunos dirigentes de izquierda también se mostraron en oposición al accionar y la prensa lo condenó.

Gorriarán Merlo fue detenido recién en 1995, en México, y liberado en 2003 por un indulto durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Murió tres años después por un infarto.