Por Pablo Buchbinder. Durante la década de 1880 culminó la conformación del sistema universitario moderno en la Argentina. La mayoría de los historiadores ha coincidido en destacar que esa década marcó, además, el momento de consolidación del Estado nacional. Buenos Aires fue federalizada y poco tiempo más tarde varias de las principales instituciones culturales y educativas de la ciudad dejaron de pertenecer a la jurisdicción provincial y fueron nacionalizadas. También en esos años fue promulgado un conjunto de leyes que afectaron los vínculos entre Iglesia y Estado, entre ellas la ley 1.420, que generó la oposición de grupos católicos al introducir la educación común, laica, gratuita y obligatoria, al igual que la de Registro y Matrimonio Civil. Todas estas normas dieron expresión a un proceso acelerado, pero imperfecto aún, de separación entre Iglesia y Estado.

Los cambios en la organización universitaria, producidos en este contexto, fueron también significativos. En 1881, la Universidad de Buenos Aires (UBA) pasó de la jurisdicción provincial a la nacional, en cuya dependencia ya funcionaba la de Córdoba (UNC), la más antigua del territorio argentino. Tres años después tuvo lugar, en esta última, un fuerte conflicto que se originó a raíz de la presentación de la tesis doctoral de Ramón J. Cárcano, una destacada figura del elenco liberal que gobernaba por entonces el país. La tesis se titulaba “De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos”. El trabajo no sólo cuestionaba principios de la religión católica sino también del código civil vigente. La tesis fue rechazada argumentando profesores de la universidad que una institución católica no podía admitirla en tanto contradecía sus principios. El gobierno intervino finalmente en el conflicto, la tesis fue aprobada y, como consecuencia de las controversias que siguieron, varias de las figuras del mundo académico más intensamente identificadas con el catolicismo debieron abandonar los claustros. De este modo, se inició la separación – también limitada– entre Iglesia y universidad, afectándose un vínculo que provenía de los tiempos coloniales. Un año después se sancionó la primera ley que regiría el funcionamiento de las universidades argentinas y que llevaría el nombre de su principal impulsor, el entonces senador y rector de la UBA, Nicolás Avellaneda. La ley, un instrumento breve y simple, se concentraba en el gobierno de las casas de estudios. Sobre esa base las universidades readecuaron sus estatutos. Por entonces, el centro de la vida universitaria estaba en las facultades. Estas iban a gobernarse por una academia de quince miembros, de los cuales cinco eran integrantes del cuerpo de profesores mientras el resto eran hombres  reconocidos de la vida pública o del ámbito profesional. La pertenencia a estos organismos era vitalicia y eran sus mismos miembros los que elegían a los nuevos en caso de renuncia o fallecimiento. Las universidades gozaban por entonces de una autonomía relativa limitada por disposiciones de menor importancia y, sobre todo, por la potestad otorgada por la ley al Poder Ejecutivo de designar a los profesores titulares a partir de ternas elevadas por las mismas universidades.

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