Por Marcos Puerta. El aborto es una costumbre con siglos de historia y al mismo tiempo un tabú gigantesco. Se practica, se sufre y también se lo condena a los peligros de la informalidad. Desde 1921 la ley autoriza la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación en caso de riesgo de vida de la madre o violación, entre otras excepciones. Aún en la actualidad se multiplican las denuncias sobre casos en los que esta normativa es eludida mediante dilaciones impulsadas desde las corporaciones judiciales y/o de salud. Un sector cada vez más amplio de la sociedad quiere un debate. Diversas asociaciones feministas vienen reclamando en todo el país la legalización. Los proyectos de ley que expresan esa voluntad ingresan regularmente al Congreso, pero no encuentran el consenso necesario para que se debatan en el recinto.

Estela Díaz es secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Advierte que desde hace tiempo es necesaria una ley que despenalice la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.

–¿Por qué es necesaria una ley que despenalice el aborto?

–La actual ilegalidad del aborto es profundamente ineficaz. Quedó demostrado que no disuade a las mujeres a que interrumpan un embarazo cuando así deciden hacerlo. Pero además de ineficaz es profundamente injusta y genera un problema grave para la salud pública. La ilegalidad del aborto en el Código Penal refuerza las desigualdades sociales. Los sectores de mayor poder adquisitivo y cultural pueden acceder a prácticas de aborto en condiciones seguras. Pero si no tenés acceso a la información y no tenés dinero, te hacen un aborto que puede provocar la muerte. En todos estos años –si pensamos desde la vuelta de la democracia para acá– hubo miles de miles de muertes evitables de mujeres. Entonces, ¿qué haría el cambio de ley, la legalidad del aborto? Lo que haría es reconocer las prácticas sociales que han llevado a cabo las mujeres históricamente frente a un embarazo no deseado. Esto sería conciliar la legislación vigente con un derecho que estas mujeres ejercen en la clandestinidad, con una criminalización que en muchísimos casos no se hace efectiva pero que refuerza graves problemas de injusticia social y de falta de acceso a la salud.

–Imagino que no debe de haber estadísticas por su carácter ilegal. ¿Pero existen estimaciones de cuántos abortos se producen por año y cuántas muertes derivan de esta situación?

–El Ministerio de Salud hizo hace algunos años una estimación según los ingresos en los hospitales por complicaciones de abortos. El cálculo fue que había seis o siete abortos más que se hacían sin que llegaran al sistema de salud. Y eso daba en 2010 la cifra de entre 400 mil y 500 mil abortos al año. Esto muestra que la legislación no disuade a quien quiere abortar. Se llegaba a esta cifra porque entonces había alrededor de 80 mil ingresos hospitalarios anuales por complicaciones tras abortos. Hoy disminuyeron esos ingresos a 50 mil y tiene que ver con los cambios tecnológicos en torno a cómo se realizan los abortos. Se redujeron las muertes. Pasaron de cien en 2010 a ochenta al año. Una gran transformación se produjo por el acceso al aborto con pastillas.

–Existen denuncias de casos en que la ley avala la interrupción del embarazo –violaciones, riesgo de vida para la madre–, pero que en la práctica no se cumplen. ¿A qué se deben estos hechos?

–El Código Penal contempla excepciones al carácter punible del aborto desde 1921. Ya entonces los legisladores tuvieron en consideración que había determinadas circunstancias de excepción, esta circunstancia de punición no podía ser total sino que había que contemplar que en estas situaciones se priorizara la salud, la vida y la decisión de la mujer frente a estos embarazos. En estos años se avanzó mucho en el debate público del tema y esto ha hecho que los sectores reaccionarios y conservadores que están en contra también se alerten en relación a poner obstáculos por vía judicial y del sistema de salud. En general tiene mucho que ver con las condiciones personales de los profesionales que están en estos servicios públicos que deben utilizar las mujeres. Son convicciones en contra de las prácticas que uno puede creer absolutamente legítimas como decisiones personales, pero no para quien debe aplicar las leyes o quien debe garantizar el acceso a la salud de la población. Los sectores conservadores actúan en obstetricia, enfermería, en las carreras de ginecología, lo hicieron con las estrategias en torno a los comités de bioética de los hospitales, etcétera. Igual nosotros avanzamos mucho frente a todos esos obstáculos: el movimiento de mujeres y las distintas organizaciones hemos desplegado muchas estrategias. Una de ellas fue las demandas de los casos y hemos tenido un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se conoce como el fallo F.A.L. de 2012, que aclara expresamente cuáles son las excepciones, sobre todo porque hubo mucho debate sobre el inciso de la violación. El fallo aclara no sólo que estos abortos son legales –cuando se trata de violaciones o hay riesgo de salud o de vida–, sino que son constitucionales y que se tienen que garantizar en todo el sistema de salud, con implementación sin dilaciones. Porque en realidad estarían cometiendo una irregularidad en el ejercicio de su profesión quienes obstaculicen el acceso a esta práctica de salud que está permitida.

–¿Puede haber alguna coincidencia en el debate sobre el aborto y el que tuvo lugar en su momento con la Ley de Divorcio? Algunos sectores consideran que con una ley que permita la interrupción del embarazo antes de las doce semanas se generaría una avalancha de abortos.

–Es muy similar. Habría que buscar algunas imágenes de los debates de esa época, que fueron en el advenimiento de nuestra democracia, porque la agresividad, fundamentalmente de los sectores de la Iglesia católica, en contra de la ley de divorcio resultó furibunda. El ataque a los políticos y al presidente Raúl Alfonsín, que acompañaba esta legislación, fue tremendo. El argumento era que esa normativa garantizaba la destrucción de la familia. Lo que pasó es que una cantidad de familias y de parejas pudo regularizar su situación. Nadie se divorcia sólo porque la ley lo permite. Del mismo modo, nadie va a abortar porque la ley no lo haga un hecho punible. Las personas no somos máquinas y a veces hacemos proyectos de amor o de pareja que fallan y a veces en las relaciones de las personas hay violencias, hay deseos inconscientes, hay falta de conocimiento o de acceso a los métodos e innumerables situaciones que llevan a que se produzca un embarazo no deseado. Frente a eso, señalamos que, como cuando se discutía el divorcio, estamos hablando de una última instancia. Nosotros tenemos que trabajar todo el camino de la prevención, desde la educación y el acceso a los métodos anticonceptivos, y saber que incluso si funciona todo eso, puede haber situaciones en las que haya que recurrir a un aborto. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto plantea un lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Yo agregaría “aborto legal para decidir”.

–El debate sobre el aborto avanza pero no llega al recinto del Congreso. ¿Qué falta?

–El debate de nuestras ideas se viene dando muchísimo estos últimos años, y en el Congreso de la Nación se ha presentado ya seis veces el proyecto de despenalización y legalización del aborto y ahora estamos a punto de volver a presentarlo. Establece que hasta las 14 semanas de gestación el aborto se pueda hacer en los servicios públicos y privados de salud por el solo pedido de la mujer y que se mantengan las actuales causales que tienen que ver con problemas de salud, riesgo de vida o casos de violación sin límite de tiempo. Y este proyecto ha tenido muchísimas firmas. Ahora hacemos la cuarta presentación y la última tuvo 70 firmas de diputados y diputadas de un amplio arco político. Pero todavía hay restricciones desde la voluntad política para que este debate se dé en el Congreso de la Nación. Yo creo que debe darse. Así como esta democracia discutió el divorcio. ¿Por qué el divorcio no estaba permitido en la Argentina? Porque era una rémora de pensamientos confesionales sobre lo sacramental del matrimonio a la ley civil. Que el aborto siga penalizado es esto mismo, porque hay determinada perspectiva moral que se sigue imponiendo en la legislación. Los países europeos nos preguntan cómo logramos leyes como la de matrimonio igualitario pero no la legalización del aborto.

–¿En qué países de la región es legal el aborto y cómo es la situación en el mundo en general?

–La mayoría de la población del mundo vive en países donde el aborto es legal. América latina es un continente que está atravesado por excepciones, como nuestro caso. Pero la mayoría de los países tiene excepciones como el nuestro, salvo Cuba, Costa Rica y Uruguay, que lo despenalizó hace pocos años. En nuestros países la penalidad tiene bastante que ver con la fuerte injerencia de la Iglesia católica en América latina y también con el papel que pasaron a tener las iglesias evangélicas. Hay retrocesos muy grandes, por ejemplo, en los Estados Unidos, que lo legalizó a partir de un fallo de la Corte Suprema, que pone cada vez más restricciones al aborto por el avance de las iglesias evangélicas, que han hecho una contrarreforma absolutamente conservadora en una sociedad que se derechiza de manera brutal incluso en el plano liberal, que tenía que ver con las libertades individuales, y eran un pilar de esa democracia. Hoy hay un retroceso fenomenal en ese sentido. Pero la mayoría de las mujeres del mundo viven en países donde el aborto es legal.

–¿Cómo sigue la situación de Belén en Tucumán?

–Es tremenda la situación de violencia institucional que sufre Belén. Es una muestra de la expresión más brutal del patriarcado que en este caso se conjugó en la policía, el sistema de salud y el Poder Judicial. A esta joven la condenaron sin juicio previo. Ella llegó con dolor al hospital, sin saber que estaba embarazada. En el expediente judicial hay unas cinco fechas distintas de posible concepción. Apareció un feto en el hospital que se le adjudicó a ella, al que jamás le hicieron el estudio de ADN. Alguien dijo que ese feto había vivido, por lo tanto transformaron el procesamiento por aborto en un proceso por homicidio agravado por el vínculo. Ella está presa desde hace dos años y está condenada en primera instancia a ocho años de prisión. Todos sus derechos fueron vulnerados. Ahora está representada por una abogada de la organización Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir y está pedido el cese de su detención hasta que haya sentencia firme, porque hay que empezar a reparar las barbaridades que se hicieron en este caso. Pero la Justicia se lo denegó con argumentos poco creíbles, porque no hay peligro de fuga. Se pide la anulación de todo su proceso porque no se le respetaron los derechos básicos.

–Durante el kirchnerismo se había avanzado mucho en políticas de educación sexual y en la distribución de métodos anticonceptivos. ¿El macrismo continúa trabajando en esta dirección?

–En algunos planos, la voluntad política claramente cambió. Por ejemplo, la Educación Sexual Integral, que ha definido excelentes contenidos curriculares, formó a cientos de docentes a lo largo y ancho del país, estaban haciendo ya la implementación en etapas muy decididas en muchas provincias, porque somos un país federal y las políticas las tienen que implementar los ministerios de Educación de las provincias y ahí te encontrás con otras vallas: el Estado nacional decide excelentes políticas, y las provincias… Nos pasó mucho con los métodos anticonceptivos que, hasta que se repartieron a través del Plan RemediAR, había provincias que ponían un montón de obstáculos para que llegaran los métodos anticonceptivos al centro de salud. Y estamos hablando de algo totalmente legal, como es tomar una pastilla anticonceptiva que cualquier persona podía comprar si tenía dinero. Y muchos sectores que están en contra del aborto también se oponen a sistemas que previenen que haya un embarazo no deseado. Creo que ahora la educación sexual está paralizada. Dejaron un equipo central pero no vemos que les hayan renovado a los docentes cuya formación llevó mucho tiempo y fue de gran calidad, porque no sólo hacía una intervención en el contenido curricular de una cátedra de sexualidad, sino que hacía una revisión en relación con la organización institucional de la escuela. Porque lo que plantea la Educación Sexual Integral es una construcción de vínculos basada en la no discriminación, en contra de los estereotipos y es fundamental para la prevención de la violencia y el abuso. Hoy estos docentes no tienen renovadas sus cátedras. En el plano del Programa Nacional de Salud Reproductiva se ha formulado la voluntad de continuar. Se despidió a parte del equipo del programa y se lo volvió a tomar. Estamos muy alertas porque hay señales de que están faltando algunos métodos anticonceptivos y podrían comprarlos con algunas partidas de emergencia. Todo esto nos preocupa.