Para entender el daño profundo que provocó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la economía de los trabajadores argentinos sólo basta evocar algunas cifras: la deuda externa pasó de siete mil millones de dólares en 1976 a 66 mil millones en 1983. Los salarios pasaron de representar el 42 por ciento del PBI en 1974 al 25 por ciento en 1976 y al 19 en 1981. Apareció la desocupación como fenómeno social y llegó al 9 por ciento y la especulación acabó con el Estado de bienestar. Los representantes de la derecha siempre conspiraron, difamaron, mintieron y buscaron minar la confianza de los trabajadores. Pero a pesar de sus intentos, jamás pudieron con la lealtad del pueblo organizado. Como tampoco pudo la dictadura. Ni las distintas alianzas creadas por las minorías y las corporaciones económicas. Uno de los objetivos del régimen militar fue destruir al “poder sindical” y restablecer la “disciplina laboral”. Lo precisó con claridad el general Harguindeguy: “La unidad sindical atenta contra los principios del Proceso”. Treinta mil desaparecidos, en su mayoría trabajadores, son la deuda pendiente de la historia de este país. El plan represivo estaba ligado a un plan de reorganización económico-social dirigido por el ministro de Economía Martínez de Hoz. Y de esto no hay que olvidarse. Tenemos memoria y tenemos la firme decisión de seguir avanzando por la senda del crecimiento, enfrentando las dificultades que nos impone un mundo que no sabe cómo salir de la crisis creada por su propia irresponsabilidad y desmedida ambición.