A menos de un año de recuperada la democracia, la Comisión Nacional sobre las Desapariciones de Personas finalizó el informe de 50.000 páginas que describe el accionar represivo llevado adelante por los militares con la complicidad de parte de la sociedad civil y de los altos mandos eclesiásticos.

El primer capítulo habla de la acción represiva: los secuestros, la tortura, los centros clandestinos de detención, los fusilamientos, el rol de la Iglesia católica y de otros mandatarios latinoamericanos y los robos y apropiaciones de bienes de los desaparecidos. El segundo capítulo recopila a los desaparecidos por edades, sexo y tiene apartados para los religiosos, los periodistas y los gremialistas. Y también habla de los bebés nacidos en cautiverio. Aclara al comienzo: «En cuanto a la primera nómina, de la que resulta la cifra de 8.961 desaparecidos, es -inevitablemente- una lista abierta. Fue confeccionada sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión –consta el número del respectivo legajo– y compatibilizada a su vez con las ya producidas por organismos nacionales e internacionales». Registra que el 58 por ciento de los desaparecidos tenía entre 21 y 30 años.

Luego analiza el accionar del Poder Judicial durante la dictadura, por la falta de respuesta ante los pedidos de habeas corpus, los secuestrados que quedaban a disposición del Poder Ejecutivo, y también se refiere a la desaparición de abogados y los allanamientos sufridos en sedes de organismos defensores de los derechos humanos. Además resume la creación y organización de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y concluye con un capítulo dedicado al estudio del respaldo doctrinario a la represión.

El informe fue entregado por el escritor Ernesto Sábato, entonces presidente de la CONADEP, al presidente Alfonsín en un acto público que fue televisado (https://www.youtube.com/watch?v=yxXmzMd6jHo).