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La Revista

La Argentina ecológica

 

La explotación de recursos naturales empuja la producción y la creación de empleo, mientras la población se moviliza en diversos lugares del país en defensa del medio ambiente. La clave es encontrar el equilibrio.

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Hugo Horita

Las protestas multiplican desde hace años los reclamos a las autoridades y las demandas ante la Justicia, a caballo de las movilizaciones que intentan proteger el medio ambiente frente a la explotación de los recursos naturales que llevan adelante empresas privadas. Muchas de ellas son grandes multinacionales líderes en sectores tales como la minería, la industria petrolera o el sector celulósico-papelero.

Se calcula que hay al menos 47 puntos de conflicto en doce provincias argentinas. Todos ellos se montan en la tensión existente entre las necesidades e intereses de la econo-  mía, que requiere de la explotación de recursos naturales para producir más, crecer y generar trabajo, y la defensa del medio ambiente y el entorno económico y social, orientada a una mejor calidad de vida de la población. Recursos naturales, economía y medio ambiente forman un triángulo, en el que cada vértice necesita de los otros dos para mantener el sistema en equilibrio.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elaborado para la Unasur consigna que la región concentra “un tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca del 25 por ciento de la de biocombustibles, el 20 por ciento de las reservas de petróleo, un 30 por ciento de los recursos hídricos renovables del mundo, el 21 por ciento de la superficie de bosques naturales del planeta y una abundante biodiversidad”. A esto hay que sumar grandes recursos minerales como litio, cobre, plata, estaño o hierro, entre otros.

Pero tener no es lo mismo que aprovechar. La Cepal advierte que los países de la región “deben revisar y fortalecer la institucionalidad y los instrumentos que permitan maximizar la contribución de los recursos naturales al desarrollo regional, especialmente en el actual ciclo de precios altos”. Durante la presentación del citado informe ante la Unasur en mayo pasado, el secretario ejecutivo adjunto de Cepal, Antonio Prado, destacó que “históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo”.

Verónica Gutman, economista ambiental e investigadora del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) y el Instituto Torcuato Di Tella, sostiene que “la economía puede ser una solución para abordar la cuestión del medio ambiente, porque permite poner un precio a cuestiones o aspectos que hoy no tienen valor económico”. Gutman explica que el objetivo es que “la empresa que contamina internalice los costos de hacerlo”, y así se llegará a que “cuidar el medio ambiente sea negocio”.

La experta valora los mecanismos de regulación y control vigentes, pero reconoce que “hay bajos niveles de enforcement”, es decir, mecanismos para hacer cumplir la ley. Gutman propone dos opciones: una es cobrar impuestos por contaminar; la otra, establecer un sistema de comercio de permisos, similar a los bonos verdes que rigen entre países para combatir la emisión de gases de efecto invernadero.

“En el informe diagnóstico sobre el Riachuelo que hicimos en 2002 junto al defensor del Pueblo, establecimos que había 55 normas –nacionales, provinciales o municipales– que se ocupan del Riachuelo; sin embargo, no se cumplía ninguna”, recuerda Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación

Ambiente y Recursos Naturales. Alega que desde la reforma constitucional de 1994 se incorporó el derecho ambiental en la Carta Magna (artículo 41), y con ello la posibilidad de que los ciudadanos interpongan una acción judicial en defensa del ambiente.

Consultado sobre la relación entre economía y ambiente, Nápoli destaca que “el ambiente tiene que estar al lado de las decisiones económicas, al lado de las decisiones industriales, de la inversión, de las decisiones de obra pública, no se puede ver esto desde afuera”. Y al respecto propone tener una clara planificación y ordenamiento del territorio, además de escuchar a la gente. “No se puede mirar solamente la renta”, subraya.

LA VOZ DE LA CALLE

En los últimos años han crecido las demandas populares ante proyectos extractivos o industriales que ponían en riesgo el medio ambiente. Se recordará la oposición a la megaminería del oro a cielo abierto, que utiliza cantidades de cianuro para el proceso de lixiviación (recuperación del oro), y que luego –se presume– termina en gran parte en los cursos de agua. Desde mediados de 2002 pobladores y ecologistas se movilizaron en Esquel (Chubut) en contra de la canadiense Meridian Gold, y en marzo de 2003 una consulta popular arrojó que el 81 por ciento de los ciudadanos se oponía al proyecto, que finalmente quedó desactivado.

En La Rioja el conflicto estalló en el cerro Famatina (Osisko Mining Corporation) en mayo de 2006 y tuvo un punto caliente en el verano de 2012, cuando Osisko, aun con apoyo del gobierno provincial, se vio obligada a  retroceder. Otro tanto pasó con las protestas al proyecto binacional entre la Argentina y Chile de explotación de oro en Pascua-Lama (Barrica Gold), el primero en su tipo a nivel mundial. Hoy Pascua- Lama está virtualmente paralizado también del lado chileno, donde un juez hizo lugar a una presentación de ciudadanos.

Lo nuevo es el rechazo al fracking (fractura hidráulica), una técnica que empezó a usarse en el país para la exploración y explotación de yacimientos de gas y petróleo entrampados en la roca madre (shale gas y oil, tight sand gas y otros), conocidos como recursos no convencionales. Para fracturar la roca se utilizan grandes cantidades de agua y arena más una parte menor de aditivos químicos (0,7 por ciento). Los geólogos y especialistas sostienen que el proceso de fractura de la roca es seguro y no está probado que genere contaminación en los acuíferos o cursos de agua ni pequeños sismos, como sostienen los ambientalistas.

En el litoral se renovó la protesta por la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) en Fray Bentos (Uruguay), justo frente a las costas de Gualeguaychú. En 2003 vecinos y ambientalistas se opusieron a la instalación de las pasteras Botnia y Ence en Fray Bentos. Relocalizada Ence por la presión ejercida por la población, las protestas se centraron en las actividades de UPM (ex Botnia) y hace un mes reavivaron el conflicto luego de que el gobierno uruguayo aprobara una ampliación de la producción de la pastera. El eje de la controversia es el destino de los efluentes y la contaminación del río Uruguay.

Otro caso es el corrimiento de la frontera agrícola por la producción y exportación de soja, que ha derivado en la tala de miles de hectáreas de bosques, el desplazamiento de la actividad ganadera hacia el norte del país, el cierre de miles de tambos, la suba del alquiler de los campos agrícolas, la menor producción de trigo y otros cereales en las últimas campañas, la erosión de los suelos por la escasa rotación de cultivos, etc.

Al respecto, un informe del Centro de investigaciones en Recursos Naturales del Inta sostiene que en el último año, la producción de los cinco principales cultivos en la Argentina (soja, trigo, maíz, girasol y sorgo) tuvo una pérdida estimada en unos dos mil millones de dólares, debido a la menor cantidad de nutrientes y la erosión de los suelos. Si a esto se suman los costos en infraestructura (dragado de vías navegables, rotura de caminos, puentes, etc.), el impacto total puede llegar a duplicarse.

Por Carlos Boyadjián

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