El juez español Baltasar Garzón Real los fascistas, con la sonrisa complaciente de la derecha parlamentaria, querían sacarlo del juego, pero la reacción interna y externa parece hundir el intento.
Garzón es quien pudo romper el nudo gordiano que trababa el juzgamiento de Augusto Pinochet cuando, en 1998, amparándose en la imprescriptibilidad de los crímenes considerados de lesa humanidad, y bajo el principio de “jurisdicción internacional”, hizo valer su fuero alcanzando que tribunales británicos lo encarcelaran. Luego, los Lores lo liberaron con artimañas, pero fue el ocaso del dictador.
Igualmente, Garzón promovió el procesamiento de militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad. Aunque no consiguió la extradición, acicateó los juicios. Con Néstor Kirchner en la presidencia, el gobierno envió el reclamo de la justicia española a los tribunales argentinos. Antes, el presidente Fernando de la Rúa puso el tema en tierra de nadie cuando de España se reclamó por 48 militares y policías en aplicación del Tratado de Asistencia en Material Penal y de Extradición entre los dos países.
El principio de “jurisdicción internacional” para juzgar esos crímenes aberrantes es un proceso indetenible, aunque oscilante, al igual que la globalización. Antes, tribunales de Francia, Italia, Alemania e Israel condenaron en ausencia a represores, como en el caso de Alfredo Astiz, y en Madrid se aguarda, al escribirse estas líneas, la extradición del represor Julio Alberto Poch, acusado de participar de los “vuelos de la muerte”. En enero de 2005, fue allí condenado el capitán de fragata Adolfo Scilingo.
Cuando Garzón, atendiendo históricas demandas de las víctimas y sus familiares, anunció que investigaría los crímenes del franquismo, la reacción española lo acusó de violar a sabiendas la ley de amnistía de 1977, lo que significaría prevaricato. Iban en busca no solamente de frenarlo, sino de escarmentarlo con una sentencia de resonancia internacional y en nombre de sus similares en América latina. El instructor del caso por prevaricación, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostuvo que fue la “imaginación creativa” de Garzón la que lo llevó a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, cuarteando así “principios esenciales del Estado”. Fue recusado y temporalmente alejado del caso.
Sin embargo, el derecho y la jurisprudencia internacional de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos muestra que el magistrado no es el único juez que ha restringido la aplicación de leyes de amnistía para juzgar delitos como las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos o el secuestro sistemático de niños. Otros jueces han interpretado también que la inexistencia de los responsables de un crimen (por fallecimiento o porque se hallaran en otro país) no exime a la Justicia del deber de ofrecer una tutela judicial a las víctimas.

LA HORA DE LA VERDAD
Unos treinta Estados se han planteado este debate jurídico a la hora de revisar su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos y llegó el turno hispano. Fue el 16 de octubre último cuando el juez Garzón se declaró competente para investigar lo que considera un plan sistemático de exterminio de rojos (sic) por parte de Francisco Franco, es decir, un crimen contra la Humanidad. Argumentó que los secuestros con desaparición de personas –lo que hacían los falangistas cuando iban a buscar a sus casas a las víctimas para darles el “paseo”– son delitos permanentes hasta que no se averigüe su paradero y por tanto, ni prescriben ni pueden ser amparados por una ley de amnistía. Garzón considera responsables a Franco y a otros 34 generales y ministros y solicitó documentación sobre ellos, así como la identificación de los máximos dirigentes de Falange entre 1936 y 1951, y autorizó 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones, entre ellas, la de la fosa del poeta Federico García Lorca.
La embestida en tribunales y calles estuvo promovida por FE de las Jons (Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) que, por defectos en su denuncia, fue expulsada del Tribunal, y le podría suceder lo mismo a su similar Manos Limpias, con lo que la causa se derrumbaría. Buscaban anticiparse a posibles condenas porque en las filas fascistas viven culpables e intentaban recrear el quiebre de la sociedad española en el contexto de profundización de la crisis económica que ha debilitado al socialismo y al Partido Popular, este último castigado por la fuerte corrupción que ha llegado a los tribunales.
La crisis, en rigor, ha hecho brotar nuevamente las viejos fantasmas fascistas con fuerza electoral preocupante en Austria, Suecia, Francia, el norte de Italia, Flandes y otros Estados, cabalgando sobre las consecuencias antipopulares de la debacle económico-financiera más profunda del capitalismo desde 1929, cuyas derivaciones políticas son conocidas y por el racismo reptante. Si bien no fácilmente repetibles, sobre todo por la ausencia de fuerzas revolucionarias que amenacen las esencias del capitalismo, se han generado nuevos fenómenos dentro de la globalización, como las migraciones masivas, que dan aire a las propuestas de mano dura.
La causa se internacionalizó. Hubo masivas manifestaciones solidarias con el juez en España, Francia, México y la Argentina. En nuestro país se presentó una demanda que se centra en dos casos y estuvo firmada por dos descendientes de españoles, que nunca abandonaron la idea de encontrar los restos de sus deudos y de llevar ante la Justicia a los responsables de sus asesinatos. Darío Rivas, de 91 años, hijo del que fuera alcalde de Castro de Rei (Lugo), fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una cuneta, logró encontrar el cuerpo en 2005, y ahora reclama que se investigue su muerte. La abogada Inés García Holgado nunca pudo hallar los restos de su tío y pide que se abra una investigación sobre su desaparición.
El reclamo se realizó ante la Cámara Federal a cargo María Romilda Servini de Cubría para que aplique el principio de la jurisdicción internacional y abra juicio por esos casos concretos. La demanda pretende, adicionalmente, servir de apoyo al magistrado español.
La eventualidad de que un tribunal federal considere que los dos asesinatos cometidos durante el franquismo están comprendidos en la figura jurídica del genocidio y que, por tanto, no prescriben y que pueden ser juzgados por los jueces de este país constituiría una enorme contribución al derecho internacional.
El abogado Beinusz Smukler, que encabeza el seguimiento de esta causa, confía en que dará origen a una auténtica bola de nieve, igual que ocurrió cuando el propio juez Garzón puso en marcha los procedimientos judiciales contra Pinochet.
Esta sería la primera vez en que la Cámara Federal decidiera aplicar directamente el principio de jurisdicción internacional, lo que ya ha provocado una intensa polémica en medios jurídicos sobre la importancia de los precedentes existentes en otros países. Los impulsores de la demanda consideran que tanto la Constitución argentina, las leyes contra la impunidad y fallos de la Suprema Corte contienen fundamentos jurídicos que permiten juzgar un delito cometido fuera del territorio argentino. Por ahora el fiscal dijo no.