Va quedando cada vez más claro que en esta segunda mitad de 2015 se decidirá el futuro de nuestro país. Aparecen nítidamente, otra vez, como hace 70 años, dos modelos: el inclusivo, que continúa las tradiciones de los movimientos populares, y el de una derecha regresiva que no se acostumbra al libre juego democrático y, nostálgicamente, recurre a acciones corporativas como antaño recurría a “sus” fuerzas armadas para imponer lo que las urnas les negaban sistemáticamente. Sus fuerzas de choque actual son los medios hegemónicos y el Poder Judicial. Su concepción consiste en pensar estancieramente que el país, sus riquezas, sus habitantes, su tradición y el relato histórico les pertenecen por derecho natural y quien se atreva a desafiarlo deberá pagarlo muy caro. Su discurso hizo un culto de la burla de quienes luchan por causas que no sean el enriquecimiento personal y el de su clase.

Lo padeció nada más y nada menos que San Martín, impulsor de un Estado moderno y solidario en Mendoza, promotor de la educación y la salud públicas y autor de la primera ley de protección de una actividad industrial redactada por un gobernante. Primero, iniciaron una brutal campaña de desprestigio y hasta llegaron a un intento de asesinato. Su saña, como podrá verse, no es nueva. Es una historia negra, salvaje y coherente. Se presentan como defensores de los valores “republicanos” y democráticos exclusivamente durante los gobiernos surgidos de la voluntad popular.

Lamentablemente, este sector cuenta con adherentes entre sus propias víctimas, algunos sectores de clase media que suponen que votarlo los elevará de categoría social y económica. El desafío para el campo popular es enorme. Debe avanzarse con urgencia para saldar las deudas sociales pendientes con la infancia, la vejez y los sectores más vulnerables. La salud debe ser una prioridad junto a la educación. La reforma del Poder Judicial se hace imprescindible para que el resto de los poderes puedan funcionar según marca la Constitución y no a través de obscenas cautelares. Está demostrado que si el Estado no fija la agenda de prioridades, la fijarán los poderes fácticos.