Universales, innatos, inviolables, intransferibles, imprescriptibles. Eso y más son los derechos humanos, que son los que asisten a cada hombre y cada mujer por el solo hecho de serlo y cuyo ejercicio los Estados deben respetar, garantizar y promover. Constituyen, hasta aquí y por encima de todas las creaciones del talento y la industriosidad de los hombres, la obra más acabada de la razón, un compendio normativo dinámico, acumulativo, que lejos de permanecer inmóvil en formulaciones atadas a un momento histórico determinado se construye día tras día sobre la progresiva base de los valores que hacen a la dignidad humana. Y sin embargo, desde el primordial derecho a la vida hasta los más recientes derechos humanos llamados de tercera generación, como los relacionados con el medio ambiente o la defensa de los consumidores, todos, cual más, cual menos, son coartados por condiciones políticas y socioeconómicas que, aun en sistemas democráticos, convierten a buena parte de ese formidable edificio jurídico en un mero simulacro, una perfecta caricatura hecha de buenas intenciones sin correlato efectivo en las vidas de los individuos concretos.

La larga historia de los derechos humanos en la Argentina no escapa a esa tensión entre lo declamatorio y lo real, pero se ha desarrollado de un modo distintivo, atravesada por la trágica experiencia del terrorismo de Estado. Tres ejes principales jalonan esa historia. En el inicio, la búsqueda de herramientas jurídicas para enfrentar la represión policial e institucional contra la clase obrera que, a fines de la década del 30, dio origen a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Más tarde y centralmente, el nudo gordiano de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, el genocidio y su denuncia ante los foros internacionales, que motivaron, antes y después del golpe de marzo del 76, la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y organizaciones como Madres de Plaza de Mayo. Y en la actualidad, la lucha por la memoria y contra la impunidad a través del impulso a los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura y, paralelamente, una compleja agenda ampliada hacia la tutela y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la sociedad, cercenados por una democracia habitualmente inerme ante los designios de la economía de mercado.