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La Revista

“Hay que aumentar los esfuerzos en prevención, salud y desarrollo”

Mónica Cuñarro es fiscal general, docente y una de las mayores especialistas en el accionar e impacto del narcotráfico. Sostiene que en casi cuarenta años de vigencia de la Ley de Estupefacientes la venta y consumo de drogas ilegales aumentó considerablemente. Propone un abordaje coordinado y que se deje de hacer foco en la tenencia personal.

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Cuñarro
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Por Marcos Puerta.

El tratamiento en los medios audiovisuales de todo lo que tenga que ver con consumo de drogas suele ser superficial y caprichoso. Rara vez panelistas, conductores, invitados y/o periodistas eluden la tentación –o conveniencia– de dejarse llevar por una indignación dominguera. Su mejor respuesta es encomendarse a Dios o al candidato de turno que proponga mano dura y la fantasía efímera de olvidarse del problema. Todavía más grave es la irresponsabilidad de ciertos políticos. ¿Era verosímil que en la Argentina un problema tan complejo se resolviera con un cambio de gobierno? ¿Qué estaría pasando entonces en EE.UU., que cuenta con las mayores y más modernas estructuras de defensa e inteligencia y al mismo tiempo es el mercado de consumo de drogas más grande del planeta, un productor en ascenso y sus fronteras el colador más ilustre de la Tierra?

Mónica Cuñarro es fiscal general, reconocida  docente en la Facultad de Derecho (UBA) y una de las mayores especialistas en el tema. Su mirada va más allá de las declamaciones de ocasión: parte del conocimiento de su complejidad y el profundo entramado social que permite y ampara la comercialización y consumo de drogas. Para trazar un cuadro inicial, puntualiza: “La Organización de las Naciones Unidas establece a nivel mundial cuáles son los países productores de sustancias vegetales, cuáles de químicas y quiénes desvían al mercado negro los precursores necesarios para la manufacturación de ambas. En Latinoamérica los países productores de las vegetales,  aproximadamente 600/700 toneladas anuales, son Colombia, Perú y Bolivia a la cabeza. México avanza en las vegetales y químicas. Estos países concentran el 90 por ciento de la producción de la región. Los países de tránsito del producto que busca ganar más dinero en la colocación final son Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Brasil y la Argentina. El producto final busca llegar a Europa o EE.UU., y quedan en los países productores y de tránsito cantidades que son usadas como delitos de doble vía. Trata de personas, piratería del asfalto, contrabando de autos, armas y lavado de activos”.

–¿Cómo es la situación en el rubro precursores químicos?

–Los países productores de precursores químicos son varios, pero ahí la Argentina tiene un rol mucho más relevante. En la Argentina, Chile, Brasil y Uruguay se producen precursores porque hay materia prima y/o recursos humanos aptos. Se debe seguir muy de cerca el desvío al mercado ilegal –al igual que con la efedrina–, como también investigar y reprimir la conexión de delitos de doble vía. En cuanto a otras sustancias, la ONU considera que la heroína, el LSD o las llamadas drogas químicas son muy requeridas por EE.UU. Es el principal mercado en la región. En ese contexto México es sin duda el país puente. Para ello se violan fronteras por tierra y aire.

–¿Tiene algún tipo de seriedad la sentencia de que la Argentina está a punto convertirse en la nueva Colombia o México?

–La Argentina no podrá ser nunca México. En primer lugar porque no es el patio trasero de EE.UU. Ni podrá parecerse a Colombia ni Perú, por diferencias geográficas, climáticas, socioculturales e históricas. Tampoco lo podrán hacer Chile, Uruguay o Ecuador. La Argentina está consolidada como un país de tránsito y proveedor de precursores a los países limítrofes (sobre todo a Bolivia).

–¿A qué se debe el crecimiento del narcotráfico en el país?

–El narcotráfico ha crecido y crecerá por múltiples motivos. Es un fenómeno muy complejo a nivel global. El acento de las políticas de los Estados se ha puesto en el campo penal en el 99,9 por ciento de los casos. Guerra a las drogas de Nixon, Reagan, misiones militares, planes Colombia, Mérida, Cóndor… Esto devino en muchas muertes de inocentes, corrupción a niveles estatales, financiación de campañas políticas… Hasta senadores en algunos países de la región dan una postal muy clara del fenómeno. Pese al esfuerzo realizado en los últimos cincuenta años, el narcotráfico no se ha detenido y no hay indicios de que lo haga. Por ello la Argentina habló en la ONU en 2009 e instó a incorporar otros enfoques. Evidentemente hay que aumentar los esfuerzos en prevención, salud y desarrollo.

–¿Cuándo llegó el narcotráfico a la Argentina y qué circunstancias favorecieron su crecimiento?

–La historia de las drogas en nuestro país más o menos como hoy las conocemos comienza en 1928. Desde aquellos años, pasando por un pedido que Nixon le hizo a López Rega para que sacara una ley especial, nunca dejó de crecer. El consumo salió de espacios reducidos o considerados bohemios y alcanzó un universo mucho más amplio, incluso las drogas legales (alcohol, medicamentos) tienen mucha más incidencia. En el campo policial también se advierten las diferencias. Hace cuarenta años la corrupción en la policía estaba asociada con la prostitución de mayores y el juego. Pero desde hace tiempo se extendió al narcotráfico. Sólo repasando las noticias de los últimos tiempos vemos a jefes policiales, Gendarmería y otras fuerzas directamente responsables de ser autores o coautores de delitos de tráfico. A nivel judicial, tenemos el caso del juez que narcotraficaba y al mismo tiempo denunciaba ante la Corte Suprema que había que parar a los narcotraficantes, me refiero al juez de Orán. Las luchas territoriales con los muertos en la Caba y zonas de conurbano son otro ejemplo de la situación actual.

–¿Cómo es la situación con los medicamentos legales y el alcohol?

–En el mercado de medicamentos hay poco control o controles laxos. Existe sobre las recetas de psicotrópicos. Al mismo tiempo hay muy poco seguimiento en el acceso al alcohol a menores de edad. El Estado debe perfeccionar los controles. Hay provincias o municipios que lo hacen. En la Caba no adhirieron a la ley nacional de medicamentos, ni tampoco al reglamento sobre alcohol. El Estado debe hacer más efectivos esos controles y diseñar campañas de salud que permitan a quien es adicto tener tratamientos.

–¿Qué causa más muertes el alcohol o las drogas?

–El alcohol causa más muertes que las sustancias ilegales. Ya se advirtió sobre sus efectos desde la cartera de Salud a nivel nacional. También hay estudios de parte de la cartera de Trabajo sobre la incidencia en el campo laboral (accidentes de trabajo, por ejemplo). Por eso muchos empresarios, admitiendo este problema y la incidencia en los costos, generaron campañas y acceso mediante acuerdos en las paritarias entre ambas partes en las que el Estado es un árbitro. Se siguieron modelos a nivel regional y europeos. De jueves a domingo, las guardias de los pocos centros públicos se atosigan de jóvenes varones y niñas intoxicados por la mezcla de alcohol con sustancias ilegales. Los casi cuarenta años de vigencia de la Ley de Estupefacientes, con sus múltiples reformas, la legislación administrativa y penal sobre lavado de activos y la regulación administrativa sobre precursores y sustancias químicas no han podido contener la realidad del aumento exponencial de la oferta y demanda de sustancias legales e ilegales, a partir de los años 90.

–¿Por qué no hay campañas preventivas sobre el abuso de drogas en los medios?

–Es otro gran tema. No hubo ni hay campañas. No interesa. Las principales publicidades son de alcohol o medicamentos de supuesta venta libre, con lo que se estimulan y falsean mensajes tales como vida sana o deporte con alcohol o que la solución de cualquier problema es con una pastilla. Esta situación debe abordarse desde el Estado ya.

–¿Es exacto que la mayoría de los casos que trata la Justicia argentina son por tenencia personal?

–Lo que llega a los juzgados en el 90 por ciento de los casos a nivel nacional son casos de tenencia para consumo personal. Cuando hay investigaciones complejas, como muchas de las que fui la cara visible, u otras sobre organizaciones, se deben a varios funcionarios o empleados de las fiscalías o juzgados o de las fuerzas de seguridad que hacen la diferencia por esfuerzos personales. No porque sea parte de una decisión seria y eficiente de la cartera de Seguridad nacional o locales. Las políticas de inteligencia carecen de coordinación entre las provincias porque algunos  gobernadores o ministros por celo o lo que fuere no dan la orden. Esto impacta en el bajo índice de causas vinculadas con el tráfico como trata, contrabando de autos y de armas. Es decir, impide que se vinculen hechos con personas o bienes. El sistema judicial está saturado de pequeños casos y esto a su vez impide que haya cruces de personas, bienes y hechos en la etapa de investigación preliminar. El caso Time Warp es un ejemplo de ello. El fiscal Federico Delgado pidió que se agreguen dos causas anteriores que habían sido archivadas para que el juez vea el contexto.

–¿Cuál debería ser el aporte de la Justicia en el caso de la muerte de los cinco chicos en la fiesta Time Warp?

–La Justicia Penal no podrá devolver los hijos a esos padres. Pero esto debería servir para que se realicen controles sobre las sustancias químicas. Existe mucha hipocresía y falta de conocimiento. ¿Qué consumieron? Debe investigarse para conocer y de ese modo generar insumos por parte del Estado que permitan aplicar políticas sanitarias adecuadas. La muerte trágica de esos jóvenes y los que aún pelean por su vida nos vuelve a recordar la tragedia de Cromañón y nos obliga a preguntarnos qué se hizo para evitarla. Durante los años 2009/2010 fui coautora junto a expertos de diversas disciplinas del primer Plan Nacional sobre Oferta y Demanda de Drogas y de un extenso cronograma legal y sociosanitario que elevamos al Poder Ejecutivo Nacional. Es perfectible, como todo, pero hasta la fecha no tuvo respuesta. En 2009 dijimos que las sustancias químicas, mal llamadas de diseño, por su bajo costo y gran renta aumentarían y que el Estado debe optimizar el catálogo de normas administrativas que por un lado restrinja la oferta necesaria del precursor para su elaboración, y por el otro controle con celo las organizaciones y establecimientos donde se desarrollan estas y otras fiestas. El control sobre la efedrina es una buena muestra de ello.

–¿Se pudo haber evitado? ¿Qué responsabilidad les cabe a los organizadores?

–Se parte de la idea de que todo empresario que lucra en determinados negocios tiene responsabilidad social. No es lo mismo tener un geriátrico que un vivero. Se deberá investigar si el lugar estaba habilitado o no, si es un lugar para espectáculos de este tipo, si hubo sobreventa de entradas o no, si alcanzaban y estaban cerca los sanitarios, la provisión de agua, la forma de detectar a los jóvenes con problemas y llevarlos a enfermería, y el aire. Serán preguntas que busquen determinar la responsabilidad penal de los organizadores, los dueños del establecimiento y las autoridades locales. Y después de eso determinar las responsabilidades del caso. La Justicia Penal también determinará la responsabilidad de las autoridades locales.

–¿La reforma judicial impulsada por el ministro Germán Garavano tendrá algún impacto real en la lucha contra el narcotráfico?

–La cartera de Justicia nacional ha remitido diversas reformas legislativas. Todo ello es discutible, pero debe señalarse que no se envió una reforma real del sistema, sino parches para quitar la autonomía a los fiscales. Lo único que no falta a nivel nacional son juzgados federales. La justicia que la gente necesita no pasa por Comodoro Py. Por otra parte, en cuanto al Ministerio Público, parece más un proyecto contra la actual procuradora que una reforma. No hay urgencia de reformar el Ministerio Público, mucho menos de sacarnos a los fiscales de la Justicia nacional, pero a los jueces no. Si lo que se quiere es avanzar en la eficiencia de la investigación y sanción de los delitos, esta reforma no parece el camino más adecuado. Por otra parte, se introducen normas nuevas que deben alertarnos. A saber, la designación de fiscales a dedo para desplazar fiscales que no gustan o sacarles o ponerles causas. Esto es un gravísimo retroceso institucional. La gente debe saber que los fiscales debemos ser independientes y que no pueden sacarnos causas o sacarnos de lugares. No por una cuestión de privilegio, sino para asegurarle a cada ciudadano que cuando tenga un problema judicial el fiscal será lo más objetivo.

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