El represor Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, fue condenado diez años atrás por la Justicia a reclusión perpetua e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. El tribunal determinó que es culpable de los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormento. Además, consideró el pedido la querella y los calificó como «crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983». Es decir que por primera vez, se introdujo la figura del genocidio para denominar delitos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico-militar.

El segundo de Ramón Camps –quien recibió reclusión perpetua en 1986, antes de las leyes de impunidad– fue condenado por el homicidio calificado de Diana Teruggi de Mariani; por la privación ilegal, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio De Marco, Patrcia Dell`Orto, Margarita Delgado, Nora Formiga y Elena Arce, y por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos de Nilda Eloy y Jorge Julio López. López ya había declarado en 1999, en el Juicio por la verdad de La Plata. Sus declaraciones en el juicio de 2006 contra Etchecolatz contribuyeron a la condena del policía y fueron la motivación, se sospecha, para que el represor pusiera en marcha los recursos con los que aún contaba, para desaparecer por segunda vez al albañil.

Durante el juicio oral, Etchecolatz tomó la palabra en varias oportunidades, siempre para descalificar al  jurado. Actualmente, con un contexto político más favorable a los ex represores, su defensa insiste en el pedido de prisión domiciliaria por la edad, a pesar de que el condenado está en perfecto estado de salud.