A mediados de 1977 había en el país 725 instituciones financieras. Esa cifra llega hoy apenas a 83. Si se observa el total de créditos otorgados en la actualidad en relación con el PBI, en nuestro país la tasa no supera el 13 por ciento, mientras que en Brasil trepa al 45 y Chile tiene un 39 por ciento, porcentajes más cercanos a la media internacional.
A su vez, en la Argentina las pymes perciben sólo un tercio de los créditos totales del sistema, aunque aportan un 50 por ciento del PBI y generan 75 por ciento del empleo. Los créditos al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito) capturan el 55 por ciento del total otorgado, con plazos cortos de repago y altas tasas de interés. Además, 70 de cada 100 pesos asignados por los bancos se concentran en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.
En trazos gruesos este es el perfil que hoy tiene el sistema financiero nacional, resultado de una matriz diseñada por la Ley de Entidades Financieras 21.526, que entró en vigor el 1 de junio de 1977. Esa norma fue impulsada por el entonces ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, y aún está vigente.
La investigadora del Cefid-AR Romina Kupelián sostiene que el marco teórico que fundamentó la reforma de 1977 fue lo que “los economistas McKinnon y Shaw describen como ‘Teoría de la Represión Financiera’ planteando que el control de las tasas de interés reprimía el ahorro”.
En este contexto, dice Kupelián, la ley 21.526 “fue el instrumento fundamental de transformación de la economía argentina, constituyéndose el pasaje del patrón de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones a otro de valorización financiera”.
Al respecto, el periodista y escritor Daniel Muchnik recuerda en su libro La patria financiera, que “las nuevas normas dejaban libradas al mercado las tasas de interés pagadas y cobradas por los bancos y limitaban las atribuciones del Banco Central de la República Argentina (Bcra), restringiéndolas a las herramientas clásicas de control indirecto mediante disposiciones reglamentarias”.
Y agrega: “En adelante la industria ya no sería beneficiaria del crédito, todo lo contrario, se volvería tributaria del sector financiero. Las características del nuevo mercado, sumadas a las facilidades para la entrada y salida de capitales y de bienes, crearon en los hechos una barrera infranqueable para los pequeños y medianos industriales y productores”.
La ley tuvo una decena de modificaciones y normas complementarias pero, en lo medular, se mantiene incólume. Hay que recordar, sin embargo, la norma de 1992 propiciada por Domingo Cavallo para dar autonomía al Bcra. Esta fue la estructura normativa subyacente sobre la cual se montó el conflicto del verano último por la utilización de las reservas del Central.
La democracia restaurada en 1983 aún tiene como deuda pendiente la reforma de esta Ley de Entidades Financieras, que privilegia los negocios bancarios por sobre las actividades productivas, restringiendo el acceso al crédito –o encareciendo su costo– a millones de productores primarios e industriales.
Pero las fichas comenzaron a moverse en el Congreso Nacional para impulsar la democratización del acceso al crédito. A fines de abril el diputado nacional Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, presentó un proyecto para reformar la Ley 21.526, que está en discusión en las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Otras fuerzas políticas –GEN y PRO– también están delineando sus propios proyectos.

SERVICIO PÚBLICO
Uno de los aspectos centrales del proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, presentado por Heller, es la definición del crédito como servicio público, “a partir de las necesidades de los usuarios y no de los bancos”, según el propio autor. Esto llevará a que se fortalezca el ahorro nacional, y que el Estado tenga mayor intervención, orientando el crédito hacia determinados sectores.
Durante su presentación Heller, también titular del Banco Credicoop, el mayor banco cooperativo del país, destacó que el proyecto pretende que “el sistema haga por medio de la regulación lo que nunca va a hacer en forma voluntaria”.
Entre otros aspectos, establece:
* Un piso del 38 por ciento del volumen de préstamos destinados a pymes y el 2 por ciento de la capacidad prestable para microemprendimientos.
* Límites del 5 por ciento por sobre la tasa media del sistema, para los créditos a pymes.
* Tope de 100.000 pesos para los préstamos personales.
* Garantía de 100.000 pesos o su equivalente en divisas para los depósitos de los ahorristas.
* Depósitos obligatorios en el Bcra, de 25 millones de pesos para bancos comerciales, 10 millones para las financieras y 500 mil para las cajas de crédito.
* Límite del 30 por ciento del capital accionario en manos de propietarios extranjeros para que un banco sea considerado de origen nacional.
* Los bancos extranjeros deben responder con todo su patrimonio local y también de las casas matrices por los pasivos contraídos en la Argentina.
* Aprobación del Bcra para la apertura de nuevas sucursales, según criterios de cobertura geográfica y desestímulo a la concentración.
* Creación de un Fondo Compensador, integrado con aportes mensuales obligatorios de los bancos.
* Creación de una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros.
* Límite del 8 por ciento de los depósitos y préstamos del sistema para los bancos privados.
Con referencia al proyecto, Romina Kupelián rescata el concepto de banca como servicio público. “Está bueno porque el banco es el canalizador del ahorro nacional hacia el sector productivo pero, en este momento, eso no pasa, básicamente porque rige la lógica del mercado”, afirma.
En este sentido, explica que “hoy el negocio de los bancos es prestar plata al consumo, no hay créditos hipotecarios, ni para compra de maquinarias, ni para pymes”. Y el crédito al consumo significa plazos cortos y tasas muy altas, dice la investigadora.
En su opinión, lo que debería venir es “la regulación de tasas para algún tipo de actividad y lograr la transformación de plazos, a través de la intervención del Estado (tasas subsidiadas) para poder alinear los plazos de los depósitos (cortos) con los vencimientos de mediano plazo que necesita el sector productivo”.
A poco de conocerse el proyecto de reforma financiera, un informe de la consultora Abeceb.com recordó que el nivel de los préstamos productivos se ha estancado en los últimos años. En ese sentido, el documento afirma que “hay coincidencia en que los créditos otorgados por las entidades bancarias no van a aumentar mediante normas regulatorias, sino que harán en la medida que se vea un panorama de mayor previsibilidad”.
El informe pone énfasis en la falta de un mercado de capitales desarrollado y destaca que la volatilidad financiera “no le ha permitido (al país) desarrollar un mercado financiero estable que brindara mayor sustento al desarrollo”.
Abeceb cuestiona algunos puntos, como el límite del 38 por ciento y 2 por ciento de préstamos para pymes y microemprendimientos, porque “esa normativa no haría más que agravar una situación que de por sí es preocupante” por la falta de fondeo a largo plazo. Y también advierte que la tasa máxima del 5 por ciento sobre el promedio del sistema para las pymes “en el largo plazo puede llevar a la escasez por falta de rentabilidad de las entidades”.
Sobre este punto, Guillermo Vitelli, economista e investigador independiente del Conicet, se pregunta: “¿Por qué a las pymes les cobrarán una tasa más alta que el promedio del sistema?”, remarcando que el proyecto parte de “una tasa que ya es más alta respecto del mejor tomador”.
Para Vitelli, tanto la ley de 1977 como las reformas del período 1992-97 “eran funcionales a una política económica definida”, la desaparición de las cajas de crédito (muchas de ellas del PC) y la conformación de la deuda externa en 1977, y la búsqueda de “autonomía del Bcra, detrás de la cual estuvo la lógica de la convertibilidad”, en el caso de las reformas de los 90.
En contraste, Vitelli dice que “esta reforma no es funcional a nada” y agrega: “Tengo la sensación de que este proyecto defiende a los bancos chicos con participaciones del 4 o 5 por ciento en el mercado de depósitos totales en el área privada”. Asimismo, el economista advierte aspectos que el proyecto no trabaja como “la eliminación de la autonomía del Banco Central”, la “renacionalización del Banco Hipotecario” y la “regulación de la tasas de interés en general”.