La ampliación de derechos, para que un número mayor de ciudadanos estuvieran autorizados para emitir su voto, no tuvo un origen profundamente democrático. Las motivaciones más profundas se anclaron en la necesidad de trasladar a los ámbitos políticos las diferencias que, hasta entonces, sólo se dirimían en la calle. Desde los atentados anarquistas hasta las revoluciones radicales, en paralelo al cada vez más fuerte movimiento obrero, inclinaron a los principales actores de la política a aceptar una «universalización» del voto, como una suerte de mal menor.

La ley lleva el nombre del entonces presidente, Roque Sáenz Peña, perteneciente al Partido Autonomista Nacional. Reemplazó al sistema de voto calificado y a viva voz, que tenía como prácticas habituales al uso de libretas cívicas de personas fallecidas, la compra de voto, la quema de urnas y la falsificación de padrones.

Aunque se la reconoce como creadora del voto universal, hay que recordar que estaban excluidas de ese derecho las mujeres. Recién 37 años después, durante el peronismo y por impulso de Eva, ingresaron a los padrones electorales. También quedaban afuera los presos, los religiosos, los extranjeros y los soldados, así como los sordomudos que no supieran escribir.

La ley se puso en práctica por primera vez en elecciones municipales de Buenos Aires y de Santa Fe, en 1912, y luego en las presidenciales de 1916, que ganó el radical Hipólito Yrigoyen.