Tener hijos no es una obligación pero debe ser un derecho; eso entendieron los legisladores que aprobaron la Ley Nacional de Fertilización Asistida el 5 de junio pasado. Como otras leyes de ampliación de derechos civiles, tiene un propósito democratizador y permite el acceso a algo tan elemental como una prestación médica. Concebir un hijo para muchas parejas ocurre en forma natural y sin gastar un centavo, pero para otras implica una sucesión de análisis e intervenciones que afectan distintos aspectos de la vida. Uno de ellos hasta ahora fue el económico, debido al altísimo costo de los tratamientos de fertilidad –desde cuatro mil pesos para los de baja complejidad hasta 40 mil para los de alta, como la fertilización in vitro– y esta ha sido una barrera franqueada sólo por los sectores de mayores recursos y en algunos casos también por parejas de clase media y media-baja, que hipotecaban su economía en busca de la posibilidad de tener un hijo.

A partir de la sanción de la ley, los estudios de diagnóstico y los tratamientos quedan incorporados al Plan Médico Obligatorio y deben ser cubiertos por las obras sociales y las empresas de medicina pre paga. También se creará un programa por parte del Estado con financiamiento garantizado que se implementará a través de los hospitales públicos. La ley nacional primero debe ser reglamentada y luego las provincias tienen que adherir mediante leyes provinciales (algunas ya contaban con legislación, como Buenos Aires o Río Negro). Es lógico pensar que la aplicación de esta flamante norma va a ser dispar según el punto del mapa en el que se ponga el dedo, de acuerdo con el color político, con cuestiones culturales y con la injerencia de la religión, pero las condiciones de la nueva ley nacional van a imperar.

Ante una ley con un apoyo tan cerrado, con 204 votos a favor, resultaron llamativas las abstenciones de Federico Pinedo, Paula Bertol, Gabriela Michetti, Cornelia Schmidt-Liermann, Pablo Tonelli y Jorge Triacca (PRO); Omar De Marchi y Roberto Pradines (Partido Demócrata de Mendoza) y Rodolfo Fernández (UCR), así como el voto negativo de Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal). En la actitud del PRO se percibe la mano de la Iglesia católica, ya que sus dirigentes son muy allegados a las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, la diputada Gabriela Michetti se considera amiga del papa Francisco, que cruzaba hasta el palacio municipal para tomarle confesión cuando ella era vice jefade gobierno porteño y él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. La presidenta Cristina Fernández, por su parte, expresó su satisfacción a través de Twitter. “Felicitaciones a todas las ONG en general y personas en particular que tanto lucharon por la ley de fertilización asistida. Se la ganaron”, escribió. Sin duda, las asociaciones de pacientes fueron las verdaderas protagonistas de este logro.“Tuvieron la perseverancia de caminar los pasillos del Congreso y sensibilizar a los legisladores, por eso se consiguió un apoyo tan masivo”, dijo la diputada por el Frente para la Victoria María Elena Chieno, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública. Y así lo sintieron las mujeres y los hombres que forman parte de estas ONG, que no pudieron contener la emoción cuando se conoció el resultado de la votación en el Congreso.

Nada es perfecto. Más allá de los festejos, desde las mismas asociaciones se considera que la ley –como todas– no es perfecta. Guillermina Pieroni, abogada, asesora legal de la asociación civil Concebir y presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas Infértiles, expresó su desacuerdo con que se deje sin legislar ciertos temas que son importantes para la fertilización.“No especifica qué tratamientos estarán cubiertos, en qué porcentaje y si se incluye la medicación. Tampoco aclara qué sucede con los embriones o gametas crio preservados en caso de separación omuerte, cuánto tiempo se pueden guardar, qué pasa con la embriodonación, el registro de donantes de gametas y el derecho a la identidad de los nacidos por donación, entre otros puntos”, dijo. Todo eso queda supeditado a la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud, que es el organismo de aplicación. La diputada Chieno explicó que los legisladores decidieron dejarlo para esa instancia porque no pueden determinar cuestiones de salud tan específicas. “Pero sí aclara que no se puede discriminar por género ni por estado civil”, agregó.

Mariana Contreras, presidenta de la asociación Sumate a Dar Vida, coincide con Pieroni en que es imperioso que las ONG participen de la reglamentación y con ese propósito le escribieron al ministro de Salud para que las convoque. Además, desde que comenzarona juntar firmas para exigir la ley nacional se desplegaronpor todo el mapa argentino con grupos en distintas provinciasque ahora van a movilizarse para acelerar la adhesión a la ley nacional.“Esta ley es un gran avance porque termina con la brechaeconómica. La ciencia ofrece distintos tratamientos desde hace 28 años pero sólo podían hacerlos quienes tenían el dinero para pagarlos”,dijo Contreras.

“El Ministerio tiene un plazo de noventa días para reglamentarla ley. Mientras tanto, está vigente y se puede utilizar como argumentoen los juicios de amparo para que la cobertura pague lostratamientos”, explicó el abogado Pablo Rosales. “Y aquellos queno habían iniciado un juicio tienen la posibilidad de reclamar lacobertura –en forma ideal por escrito, para que quede un registrocitando la ley y presentando el diagnóstico médico”, dijo. Trasla sanción, algunos pacientes están intentando por vía legal quelas obras sociales o prepagas les reintegren el dinero gastado enanálisis y tratamientos por problemas de fertilidad. “Eso no quieredecir que va a haber nacimientos masivos, porque el índice deefectividad de los tratamientos es bajo”, señaló Rosales. Lo ciertoes que los pacientes y las parejas homosexuales ya no se sentirántan desatendidos ni desamparados, porque la ley equipara sus derechos.En este sentido, la diputada Chieno recuerda su prácticacomo médica: “Desde hace décadas lucho por la salud reproductiva.Hasta que terminó la dictadura no pude hacer una simple recetade anticonceptivos porque era ilegal y tuve que pedir autorizaciónjudicial para hacerles ligadura de trompas a las mujeresque nos pedían llorando que las ayudáramos porque el marido senegaba a usar otros métodos. Después de mucha pelea, hoy tenemos anticonceptivos gratis en todos los hospitales públicos, existe la pastilla del día después y llegamos con esta ley a incluir al otro universo: el de las personas que quieren tener hijos pero no pueden sin ayuda médica”.

Por Sol Peralta