La palabra judicialización remite a los denunciadores seriales. Y resalta la paradoja de que quienes judicializan la política son casi siempre políticos que piensan pésimo de la actividad política y por lo tanto de sí mismos. Sobre este fenómeno fue entrevistado Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema y el jurista argentino con mejor y más extendida reputación. Los tribunales “son un lugar apetecible para muchos que buscan publicidad, un escenario donde desarrollar su dramaturgia”, dice.

“El destino político de los denunciadores seriales nunca fue muy feliz, por lo que quien persiste en ese camino revela falta de capacidad de negociación y de imaginación.” Faltan ideas y programas, no se discuten proyectos, dice. Y se zambulle en su leit motiv de los últimos tiempos. “En el fondo está la lógica perversa del sistema presidencialista. Es una monarquía atenuada donde quien gana por un voto se queda con todo. Por lo que su rival se dedica a tratar de impedir que gobierne. Y ojo, que no estoy hablando de la actualidad, sino de algo que es inherente al sistema presidencialista.”

–Para muchos el presidencialismo es imprescindible en una nación inacabada; sin autoridad concentrada, no se puede gobernar. Pero si la continuidad de los primeros ministros dependiera del Congreso, serían fusibles que se la pasarían saltando.
–Es que el primer ministro gobierna mientras tenga el respaldo de la mayoría parlamentaria. Y cuando lo pierde, se va.

–¿No puede pasar lo que pasaba en Italia en los 80, cuando se cambiaba de gobierno como de camiseta?
–Hay que poner una cláusula alemana de seguridad. Mientras no haya nuevo gobierno, sigue el que está. El voto de desconfianza debe ser positivo. Uno meramente negativo no debe hacer caer al gobierno.

–¿Cómo se engarza esto con la judicialización de la política?
–En que en parte la judicialización de la política se da por la perversidad interna del sistema presidencialista.

–Si hay una característica del presidencialismo son los decretos de necesidad y urgencia, que fueron reglamentados por los constituyentes que reformaron la Constitución en 1994.
–Según el derecho constitucional comparado, a los sesenta o noventa días de emitidos, si no fueron ratificados por el Congreso, tienen que caerse, dejar de tener validez… Pero no es así porque nosotros en 1994 inventamos un sistema made in Avellaneda, que genera toda la conflictividad actual.

–Un engendro.
–Una cosa rarísima. Nadie entiende lo que quiere decir exactamente la Constitución. Son varias las cosas de la reforma del 94 que quedaron mal terminadas. Y por eso tenemos serios conflictos institucionales y discusiones. Una de las cosas que se hicieron mal fue la regulación de los DNU. Pero esta es la Constitución que tenemos. Y muchos de los que la hicieron son los que discuten ahora los DNU.

–Hay mala conciencia sobre la ética de los DNU. Hasta el punto de que durante meses la Presidenta se jactó de no haber dictado ninguno.
–La lógica perversa del presidencialismo está cruzada con la lógica del sistema electoral. Un sistema presidencialista bien hecho funciona con mayorías y minorías, la mayoría se lleva los dos tercios y la minoría se queda con un tercio. Claro, se trata de un sistema electoral injusto, que te obliga a optar. Para que no sea injusto, nosotros le injertamos el sistema del cociente electoral, que es propio de sistemas parlamentarios. Con él es muy difícil que un presidente tenga mayoría en las cámaras. Con lo que está forzado a gobernar usando su potestad de dictar decretos. Porque o dicta DNU o queda impotente.

–Los que ahora protestan airadamente por el puñado de DNU que dictó la Presidenta no protestaron por los más de mil DNU que firmó Carlos Menem.
–Los tipos que se quejan por esta potestad, en gran medida, son los mismos que la han fabricado y concedido.

–Así que, en su opinión, hay que hacer una nueva reforma constitucional.
–Sí, en este momento no tenemos ninguna reelección a la vista, así que no hay pretexto para no bajar los decibeles un rato y repensar las reglas de juego. Pongámonos de acuerdo y después seguimos. Con reglas nuevas que nos ahorren tanto desgaste. Ya tenemos 26 años de funcionamiento de la Constitución. Antes todo era un despelote, se trataba de poner a funcionar un auto y todo nos parecía fenómeno porque antes el auto no andaba, estaba parado. Ahora, que hace 26 años que funciona, le escuchamos todos los ruidos. En 1994 le cambiamos la batería, le pusimos nafta. Quizá haya llegado el momento de cambiarle el motor.

–En la reciente crisis abierta a partir de la remoción de Martín Redrado de la presidencia del Banco Central, ¿el Gobierno no tendría que haber denunciado la inconstitucionalidad del estatuto del Central? Porque lo declara prácticamente independiente de los poderes del Estado. Como si fuera un enclave extranjero, una embajada del poder financiero mundial.
–Según ese estatuto, el Bcra es un ente autárquico. Y la Constitución Nacional no habla de entes autárquicos. Un poder del Estado no puede dictar una ley reduciendo los poderes de otro poder del Estado. Porque somos funcionarios de la Constitución. Los poderes que tenemos nos los da la Constitución. Y no nos los puede sacar ni el Legislativo ni nadie.

–Entonces, según la Constitución, el Poder Ejecutivo es el que administra y por lo tanto le toca nombrar y remover.
–Eso dice la Constitución. No se le puede decir que primero debe someterse a una comisión así y que después tiene que preguntarle al Papa. Insisto: la Constitución nada dice de entes autárquicos. Veámoslo por el absurdo. Imagínese que un presidente, viendo que va a perder las elecciones, hace un acuerdo con un sector opositor en el Congreso por el cual crea entes autárquicos en cada secretaría, vaciándolas. De modo que cuando asuma el nuevo presidente se encuentre en pelotas. ¡No podría gobernar! Y mientras, en cada ente autárquico los tipos se fijarían los montos de sus sueldos. Podrían hacer cualquier cosa.

–Lo hacían: sin contar los viáticos, Redrado se llevaba más de 60 mil pesos por mes. Cuatro veces lo que un ministro. Volviendo a la judicialización, no hace dos semanas que Ricardo Lorenzetti advirtió que la Corte no se dejará arrastrar a la politización que implica judicializar las contiendas políticas.
–Cada problema debe resolverse en el ámbito acorde con su naturaleza. Si lo saca de ese ámbito, no se resuelve. A lo sumo, si la pelota se sale de la cancha, la justicia puede convalidarlo: “La pelota cayó afuera”. El control que ejercemos puede evitar que el partido se siga jugando en la tribuna, pero no nos podemos meter adentro del campo de juego. El réferi no puede entrar a patear la pelota. Nosotros somos referís y jueces de línea. No somos otra cosa.