Por Fernando Amato. El estudio académico precisa de la mayor libertad de pensamiento, mientras que el Estado es el ente represor de todo aquello que se aparte de las normas establecidas. En medio de esa contradicción se han movido gobiernos y universidad a lo largo de nuestra historia y, lamentablemente, en nuestro presente. Desde el conservadurismo cordobés antirreformista hasta nuestros días, la represión a los movimientos estudiantiles fue una constante. Luego de un impasse hasta el golpe de 1930, la relación de los universitarios reformistas con las autoridades de facto fue incrementándose. Aún más luego del autogolpe del 4 de junio de 1943. Muchos sostienen que allí se originó el famoso antiperonismo que dominó las casas de altos estudios. Apenas transcurrido el primer mes, el Gobierno decretó la intervención de la Universidad del Litoral y, luego, cesanteó a muchos docentes reformistas, entre ellos, a Bernardo Houssay y a Américo Ghioldi. Para octubre de 1943 nombraron al antisemita Gustavo Martínez Zuviría (conocido como Hugo Wast) como ministro de Instrucción Pública, quien como primera medida intervino por decreto todas las universidades e ilegalizó la FUA por “comunista y subversiva”. La Segunda Guerra Mundial también dividió a los reformistas de los nacionalistas. Los primeros comenzaron a llamar “fachos” y “nazis” a estos últimos. La figura de Juan Perón como vicepresidente del Gobierno hizo que la FUA decidiera entrar en la Unión Democrática en 1946. Un año después, ya como Presidente, decía Perón: “Las universidades sólo existen para enseñar (…) Pretendemos eliminar totalmente la política de las universidades”. Para 1950, el Gobierno abandonó su planteo de “no política” hacia la “peronización”, creando la Confederación General Universitaria (CGU) como órgano oficial de los estudiantes. Lo cierto es que durante esos años el Gobierno y la CGU lograron el ingreso irrestricto y la quita de aranceles. Y no es menos cierto que los democráticos niños reformistas apoyaron con énfasis el golpe militar de 1955.

Pero en los años 60 comenzaría una de las etapas más represivas. Como consecuencia de la conocida Noche de los Bastones Largos, los enfrentamientos se agudizaron. El 7de septiembre de 1966, mientras participaba de una manifestación contra la dictadura, fue asesinado el estudiante cordobés Santiago Pampillón. En junio de 1968, al celebrarse los 50 años de la Reforma Universitaria, se realizaron actos relámpago de protesta organizados por la FUA y la CGT de los Argentinos. Esa noche asesinaron al dirigente de izquierda Emilio Jáuregui. También fueron detenidos 70 estudiantes. Para mayo de 1969, las protestas contra la dictadura se intensificaron. El 15, la policía reprimió violentamente una manifestación universitaria en Corrientes donde murió el estudiante de Medicina Juan José Cabral. Dos días después, en Rosario, reprimieron a jovenes que se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral y asesinaron al estudiante Adolfo Bello, de 22 años. El día 21, la policía volvió a reprimir, cobrándose una nueva víctima: el aprendiz metalúrgico Luis Noberto Blanco, de 15 años. El Rosariazo sería la antesala del Cordobazo, donde los universitarios junto a los obreros pondrían en jaque a Onganía y tomarían el control de la ciudad por dos días, aunque luego serían ferozmente reprimidos.

LA MISIÓN IVANISSEVICH

Luego de la primavera camporista y de la muerte del general Perón, Isabel Martínez y su cómplice, José López Rega, desataron una feroz represión en las universidades. Nombraron como ministro de Educación a Oscar Ivanissevich, quien de inmediato comenzó una campaña de hostigamiento hacia el rector de la UBA, Raúl Laguzzi. El 7 de septiembre de 1974, una bomba estalló en su departamento y mató a su hijo Pablo, de apenas cuatro meses de vida. Por eso días, fue víctima de un atentado similar la decana de Filosofía y Letras, Adriana Puiggrós, quien debió marchar al exilio. Ivanissevich nombró a Alberto Ottalagano como reemplazo de Laguzzi. Su gestión de 100 días fue una de las más represivas que se recuerde. Tuvo once muertos y cuatro desaparecidos. Además formó un ejército de celadores que se sentaban junto a los estudiantes en las aulas y volvió a exigir que los alumnos presentaran “certificados de domicilio y buena conducta” para poder cursar. La Triple A y la Concertación Nacionalista Universitaria (CNU) hacían de fuerza parapolicial del Gobierno. Los asesinatos de las autoridades de la UNLP Rodolfo Achem y Carlos Miguel y de la estudiante marplatense Silvia Filler son algunos de los más sonados.

Sin duda, el período dictatorial comprendido entre 1976 es el más drástico de todos. El 27 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes universitarios –algunos de ellos fueron secuestrados en el mismo ámbito donde estudiaban– y un seis por ciento eran docentes. La mayor parte de los estudiantes secuestrados fueron asesinados en centros clandestinos de detención. Lo mismo ocurrió con algunas de las autoridades universitarias, como es el caso del ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, el filósofo Mauricio López, secuestrado en enero de 1977 y asesinado mientras era sometido a torturas.

Del 24 al 28 de marzo, el ministro de Educación fue un oficial de la Armada, el contraalmirante César Guzzetti, quien fue reemplazado por Ricardo Pedro Bruera. El 29 de marzo se dictó una resolución que disponía el cese de funciones de los rectores, consejos y demás cuerpos colegiales directivos. Se designaron 24 delegados militares al frente de las universidades nacionales.

ACTUALIDAD

Desde la asunción de Mauricio Macri, la represión en la universidad empieza a contar peligrosos antecedentes. Ya son doce las denuncias de avasallamiento a la autonomía universitaria. En todos los casos (en casas de estudios tan distantes como La Pampa, Comahue, La Rioja, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Rosario o San Juan), fuerzas nacionales o provinciales ingresan en casas de altos estudios para impedir asambleas o reuniones de estudiantes. El caso más paradigmático ocurrió en Jujuy, provincia gobernada por el radical Gerardo Morales y que ha sido repudiada por la ONU por tener presos políticos. El 12 de abril de 2017, la policía provincial ingresó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias y reprimió ilegalmente a los estudiantes, lo que concluyó con la detención de dos jóvenes, uno de ellos, el presidente del Centro de Estudiantes. Luego, la Justicia jujeña ordenó la detención de catorce efectivos policiales y está investigando por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos a los ex jefes de policía, Aldo Soles y Natalio Ruiz. Una vez más, los que se proclamaban democráticos y republicanos vuelven a avalar políticas represivas.