El 10 de abril de 2006, un avión DC-9 pintado igual que los aviones oficiales norteamericanos, perteneciente a un asesor republicano, aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen. En su interior llevaba 128 valijas Samsonite negras, selladas con una faja que decía “Privado”, repletas de paquetes de cocaína. Era el cargamento más grande de la historia mexicana. Los detenidos estaban vinculados con un funcionario amigo del ex presidente Vicente Fox y con el cartel de Sinaloa. El total de la carga ascendía a 5.500 kilos, valuados en mil millones de dólares.
La aeronave había llamado la atención desde su despegue del aeropuerto de Maiquetía, Caracas. Las autoridades venezolanas sospecharon que había algo raro al notar que el avión, registrado como charter turístico, había despegado vacío, y advirtieron a la Fuerza Aérea Mexicana. Las sospechas se afirmaron por una serie de desperfectos que sufrió el avión y que lo obligaron a descender en Barranquilla, Colombia. Cuando llegó a México, en lugar de aterrizar en Toluca, como estaba planeado, pidió pista en Ciudad del Carmen. La Fuerza Aérea lo relacionó rápidamente con un jet privado que había estado estacionado en el aeropuerto desde el día anterior. Bastaron algunas averiguaciones para descubrir que de ese jet Falcon 20 con matrícula XBIYK habían descendido personajes sospechosos, que habían ofrecido coima a los jerárquicos del aeropuerto para registrar un vuelo entrante como doméstico, para no tener que pasar su carga por aduanas.
Cuando el DC-9 (matrícula N900SA de los Estados Unidos) aterrizó, se estacionó junto al Falcon. Entre las 18.30, hora en que aterrizó el avión, y las 23.30, cuando el Ejército registró la aeronave, hubo un intento de coimear al general a cargo. Según testigos, los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en compañía de los tripulantes del Falcon llevaron las gestiones, pero el caso era demasiado pesado como para dejarlo ir impunemente.
Menos el piloto del DC-9, que escapó, todos los demás fueron detenidos. El copiloto, un venezolano llamado Miguel Ángel Guerra, fue atrapado junto a dos mexicanos que piloteaban el Falcon: Marco Aurelio Pérez de Gracia y Fernando Poot Pérez.
“Los Pérez” resultaron ser militares retirados de la Fuerza Aérea y pilotos oficiales de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mexicana. Habían sido expulsados de la fuerza por sus vinculaciones con los carteles de Juárez y Sinaloa, y estuvieron presos por tráfico de drogas en 1999, aunque a la comisión que les daba de comer no le constaran sus hazañas. Marco Aurelio moriría “suicidado” en su celda seis meses después, supuestamente ahorcado con su propio calcetín.
Cristóbal Jaime Jáquez, presidente de la Conagua, era cercano a los Pérez y un viejo amigote del ex presidente Vicente Fox, de cuando ambos eran gerentes de Coca Cola. Jáquez les cantó mate cuando se desentendió de sus pilotos, diciendo que no conocía sus antecedentes. Sin embargo a Jáquez las aguas le bajaron blancas cuando la prensa opositora lo señaló como el nexo entre el cartel de Sinaloa y el gobierno nacional.
El hecho de que la PFP estuviera involucrada en el caso complicaba todo. La PFP era criticada por ser el brazo represor de Fox. Cuando los testigos dijeron que había policías federales coimeando en Ciudad del Carmen, la fiscalía recibió orden del gobierno de no publicar la causa hasta pasadas las elecciones presidenciales, que se celebrarían el 6 de julio. Una vez garantizada la reelección del PAN (según muchos por fraude) el expediente fue publicado. En él constaba que cuatro federales estaban prófugos por su participación en el caso.

ALTO EN EL CIELO
El narcoavión, llamado “Cocaine One” por la prensa norteamericana, lucía una franja azul con dorado que iba desde la cola hasta la nariz, y a ambos lados tenía un escudo curiosamente similar al del Departamento de Estado norteamericano, con un águila calva rodeada de estrellas. El escudo decía: “SkyWay, cuidando el cielo americano”.
Esta empresa radicada en el estado de Florida producía tecnología de telecomunicaciones para aeronaves y sistemas de seguridad para aeropuertos. El único contrato que se adjudicó fue con el Departamento de Transportes de ese estado. Al parecer, a nadie le preocupó que uno de los accionistas de SkyWay, Royal Sons LLC, tuviera la misma dirección que la escuela de pilotos en la que aprendieron a despegar –pero no a aterrizar– Mohamed Atta y sus secuaces, los supuestos terroristas acusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Más tarde, SkyWay consiguió inversiones de empresas fantasma de las cuales no se registra ninguna operación que no sea dicha inversión. Skyway tenía sus dos sedes, vacías, en Texas y Florida, los estados donde los Bush son amos y señores.
El ex CEO de SkyWay se llama James S. Kent y entre 1980 y 1997 coordinó varios contratos entre empresas armamentistas y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
El presidente es Brent Kovar, un viejo asesor de los republicanos. Aunque el escándalo le estalló en las narices, Kovar rápidamente hizo “desaparecer” al DC-9 como quien esconde una bolsa en un jarrón. El presidente de SkyWay mostró registros de venta de la aeronave donde figuraba que tres días después del decomiso había sido “exportado” a Venezuela, sin que constara a quién se había vendido ni por cuánto dinero. El avión finalmente fue incautado y terminó formando parte de la flota de la fiscalía que investiga el caso.
Poco tiempo después del escándalo, SkyWay se declaró en bancarrota, con una deuda de 40 millones de dólares por fraude. Sin embargo, desde 2003 Kovar era asesor por el congresista republicano Tom De Lay (entonces líder del bloque republicano en la Cámara de Representantes) y siguió siéndolo tiempo después. Kovar no fue interrogado ni investigado en los Estados Unidos por su DC-9 y las cinco toneladas de droga.
Como buenos malabaristas, los políticos, funcionarios y empresarios salpicados por el polvo blanco encontrado en Ciudad del Carmen pronto salieron a lanzar acusaciones. El todavía chamuscado Vicente Fox dijo que como el avión despegó de Venezuela seguramente tendría conexión con el apoyo de Hugo Chávez a Andrés Manuel López Obrador. Se olvidaba de la participación de su policía y de la Conagua. Estados Unidos adhirió a la acusación de Fox, diciendo que Venezuela ayudaba al narco. En febrero de 2008 el canciller venezolano Nicolás Maduro respondió acusando al secretario de Estado norteamericano (y ex director nacional de Inteligencia) John Dimitri Negroponte de “narco convicto y confeso”.
Oficialmente, el gobierno de Venezuela asegura que no hay pruebas de que el DC-9 haya cargado la droga en su territorio, y sugiere que fue en Barranquilla, Colombia. Las más recientes investigaciones independientes vinculan el DC-9 y a SkyWay con la CIA, que nuevamente estaría financiando operaciones con dinero negro del narcotráfico. Algo parecido a lo que ocurrió en los 80, cuando financiaba a las guerrillas de la Contra nicaragüense traficando cocaína en aviones de la Fuerza Aérea junto a armas traídas de Irán, en aquel escándalo llamado affaire Irán-Contras que fue investigado por la comisión Kerry, liderada por el ex candidato demócrata.