Por Fernando Amato. La dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 había llegado para quedarse. No se trataba solamente de cambiar el signo político del gobierno a través de las armas, se proponía terminar de una vez y para siempre con toda resistencia popular que impidiera los proyectos del establishment en la Argentina. No se trataba simplemente de un golpe militar. No quería desbancar a Isabel Perón de la presidencia. Los militares venían a cortar de cuajo con un país que nunca habían tolerado. Y para siempre. La sucesión de gobiernos democráticos y dictaduras parecía haberse asumido hasta llegada la década del 70. El establishment no estaba cómodo con las democracias: el Estado de bienestar, el fifty-fifty alcanzado durante el último peronismo, había malacostumbrado a los sectores obreros. Quería imponer su modo de entender la vida y la sociedad para siempre. Que nada interrumpiera el manejo de sus negocios. La dictadura fue la mano ejecutora de ese establishment. Y para perpetuarse en el poder(sin importar quien estuviera en el gobierno) debía hacer desaparecer toda forma de resistencia, de libre pensamiento, de crítica al sistema occidental y cristiano. No alcanzaba con matar a los opositores. Había que desaparecerlos. Y había que demonizarlos. Y crear la opinión pública que justificara sus fines ignorando los medios. Y diseñando un andamiaje de Estado que fuera imposible de sustituir.

“La dictadura cívico-militar que asoló al país implementó un siniestro plan de exterminio de todos los opositores que interfirieran con su proyecto de entrega económica del país y, para ello, creó más de seiscientos centros clandestinos, en todo el territorio, para la tortura y la muerte, donde nacieron chiquitos de madres a las que luego de dar a luz se les arrebataban los bebés, se los repartían entre ellos y luego las asesinaban, robaban sus bienes. Y todo esto con participación civil. Y todo hecho en la mayor clandestinidad con la complicidad de la prensa monopólica que hacía lugar a mentirosas informaciones. Y a través del miedo, que paralizó a muchos”, dice Estela de Carlotto, titular de Abuela de Plaza de Mayo.

A la lista de desaparecidos, hay que sumar las fábricas cerradas por el “deme dos”, los desocupados, el peor crecimiento de nuestra deuda externa en toda su historia, la bicicleta financiera. Un equipo comunicacional nos hizo creer que éramos unos piolas bárbaros yendo a Miami a comprar televisores a color o dos pares de zapatillas. Y lo hacían los empresarios que acá tuvieron que cerrar sus fábricas un par de años después. Los espejitos de colores de tasas de interés y cheques voladores fueron pan para hoy y hambre para mañana. Nos hacían creer que los relojitos japoneses nos acercaban al Primer Mundo. Crearon una perversa sensación de bienestar. Encima, salimos campeones del mundo de fútbol.

“Creo que, de conjunto, la dictadura produjo consecuencias que se mantuvieron en el tiempo. Estuvo dirigida a aniquilar la vanguardia obrera y juvenil que se había desarrollado desde el Cordobazo. En cada fábrica hubo un centro clandestino de detención. A los desaparecidos tenemos que sumar los exiliados. Con un disciplinamiento social impuesto mediante el genocidio. La dictadura también nos dejó el brutal salto de la deuda externa que los gobiernos democráticos asumieron en lugar de repudiar. Dejó también la Ley de Entidades Financieras, de 1977, que no fue modificada hasta la fecha, favoreciendo los negociados especulativos. Es increíble que a cuarenta años del golpe aún no se haya tomado la decisión de dejar sin efecto toda ley que provenga de períodos de facto”, dice Christian Castillo, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). La discusión que instala Castillo es interesante y viene de lejos. ¿Por qué siguen vigentes las leyes dictatoriales? Es que es tal el andamiaje burocrático montado por la dictadura que su eliminación lisa y llana traería serios problemas a la gobernabilidad. Pero alguna vez alguien, pasados cuarenta años, deberá hacerse cargo de esa tarea.

El economista Mario Rapoport trae un debate vigente: “Martínez de Hoz nunca pudo dominar la inflación con sus recetas liberales del FMI. Hicieron un ‘financieramiento’ de la economía argentina que generó desindustrialización y desempleo. Martínez de Hoz era un terrateniente que impulsó la vuelta al modelo agroexportador y los Chicagos Boys, un grupo vinculado a las finanzas”. Cualquier similitud con la coyuntura actual no es mera coincidencia.

El 27 de septiembre de 1983, la dictadura a punto de marcharse le dejó al futuro gobierno democrático el regalito de la ley N° 22.924 de Pacificación Nacional, que dictaminaba la autoamnistía al genocidio. Por suerte, apenas asumió, lo primero que hizo Raúl Alfonsín fue derogarla. Pero lo cierto es que la dictadura dejaba todo preparado para su propia impunidad. Y apostaba al triunfo de la derecha peronista para lograrlo. De hecho, el candidato justicialista, Ítalo Lúder, no se manifestaba partidario de su abolición.

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Informe: Federico Luzzani