La constitución del Fondo del Bicentenario con 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central, para atender vencimientos con acreedores institucionales –BID, Banco Mundial– y privados –holdouts que no entraron al canje de 2005– puso una vez más bajo la lupa el recurrente tema de la deuda pública argentina.

Las sucesivas reestructuraciones de deuda, como el Plan Brady (1992), blindaje y megacanje (2001), canje de títulos (2005), por mencionar sólo los más relevantes, venían acompañados, al menos en el imaginario colectivo, de una sensación de solución a mediano o largo plazo para el endeudamiento nacional. Sin embargo, más temprano que tarde, la pelota de la deuda saltó nuevamente a la superficie como en el viejo principio de Arquímedes.

Hay que recordar que los vencimientos de capital e intereses de este año son unos 13 mil millones de dólares y, en principio, no suponen un escollo insalvable. Por otra parte, la relación deuda/PBI en la Argentina es del 48 por ciento, mientras que en países como Reino Unido trepa al 60 y en la tambaleante Grecia llega al 113 por ciento del producto. Además, la deuda externa argentina equivale a tres o cuatro años de exportaciones, un nivel más que aceptable a nivel internacional. Es decir, hay una deuda importante pero no estamos al borde de la cesación de pagos.

Pese a ello, el gobierno nacional se propuso hacer un nuevo canje de deuda para despejar el camino y volver a los mercados internacionales de colocación de títulos. Para eso hay que dar señales de previsibilidad. En la visión de la Casa Rosada, la garantía de pago viene dada por el Fondo del Bicentenario.

En este marco, desde sectores de la oposición parlamentaria de izquierda se aboga por debatir la legitimidad de la deuda externa –deuda pública nominada en moneda extranjera– y discriminar qué habría que pagar y qué fracción debería repudiarse de esa deuda que hoy asciende a los 141 mil millones de dólares.

 UN LARGO CAMINO

El economista Jorge Todesca, titular de la consultora Finsoport, recuerda que desde los primeros años de la independencia hasta 1890 la Argentina fue bastante “indisciplinada fiscalmente”. Eso motivó que desde fines del siglo XIX hasta la autodenominada Revolución Libertadora –contrajo el primer préstamo con el FMI en 1957– el país casi no tuviera deuda porque no le prestaban.
Norberto Galasso, estudioso del tema de la deuda, señala que al momento del golpe de 1943 el país tenía una deuda externa de 80 millones de libras esterlinas, algo así como 325 millones de dólares. Fue en 1948 cuando el presidente Perón decidió rescatar todos los títulos emitidos y declarar por primera vez en muchos años: “Tenemos deuda externa cero”.

En la segunda mitad del siglo XX los sucesivos gobiernos, tanto de facto como democráticos, tomaron préstamos que fueron engordando la cuenta externa, pero no fue hasta la dictadura de 1976-83 que la deuda adquirió ribetes dramáticos.
En marzo de 1976 la deuda externa argentina era de unos 8.000 millones de dólares. Siete años después, cuando Raúl Alfonsín llegó a la Rosada, la cifra se había disparado hasta los 45 mil millones de la divisa verde. Uno de los mecanismos utilizados en los años de plomo fue la toma de deuda, en muchos casos innecesaria, por parte de empresas públicas, recursos con los que el Estado financió un seguro de cambio, que alimentó un ciclo de endeudamiento y fuga de capitales. En buen criollo, una bicicleta financiera.

A su vez, en 1982 el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, dispuso créditos al 6 por ciento anual para empresas endeudadas, refinanciación de pasivos a treinta meses y un seguro de cambio para la deuda externa privada, que significó un mecanismo de “licuación de pasivos” privados, que así pasaron al sector público. Se estima que en esos meses pos-Malvinas y hasta 1984 el sector empresarial se deshizo de unos 23 mil millones de dólares, que cayeron en la cabeza de todos los argentinos.

Al asumir en 1983, el gobierno radical se propuso discriminar qué parte de la deuda era legítima y cuál no. Durante algo más de un año se intentó avanzar en ese sentido, incluso accionando a través del Consenso de Cartagena, para lograr un tratamiento político de la deuda de varios países latinoamericanos (Brasil, México, la Argentina, Venezuela).

Pero esta suerte de club de deudores chocó contra la intransigencia de los bancos acreedores, y la compleja situación económica que enfrentaba el gobierno alfonsinista melló la capacidad de negociación para declarar la ilegitimidad de una parte de la deuda, y en consecuencia, repudiarla. Así se aceptó el “paquete completo”. Luego, los sucesivos gobiernos tomaron nueva deuda encima.
Consultado sobre la ilegitimidad de la deuda actual, el economista Enrique Dentice, director de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, destacó que “hablar de deuda ilegítima es más un tema político que técnico. Desde el punto de vista económico no hay deuda ilegítima porque con el canje de bonos de 2005, de hecho se asumió toda la deuda”.

En el contexto actual, Dentice cree que la Argentina tiene “una deuda administrable” y acota que “el problema no es la deuda sino las expectativas negativas que hay en los mercados”. Al respecto recuerda el eslogan del banco de inversión JP Morgan: “Lo que vale es la voluntad de pago del deudor”. El Fondo del Bicentenario parece llevar agua para este molino.

Por su parte, Jorge Todesca señala que “los argumentos sobre la legitimidad de la deuda atrasan 27 años. ¿Cuál es hoy la fracción ilegítima de la deuda, si la mayoría la emitió Kirchner con el canje de la deuda de 2005?”.

En su opinión, el planteo sobre la ilegitimidad “es un discurso que no tiene viabilidad práctica, es, como se dice, ‘para la tribuna’”. Y aclara: “Cuando la Argentina defaulteó la deuda en 2001, dejó de pagar toda la deuda (la legítima y la ilegítima) y cuando reestructuró en 2005 cambió viejos títulos por nuevos bonos, entonces hoy ¿qué parte es la deuda ilegítima?”.
Los argumentos sobre la ilegitimidad ya fueron expuestos en abril de 1982 por Alejandro Olmos al presentar una denuncia penal por defraudación al Estado contra el ex ministro de Economía Martínez de Hoz. Allí se propuso declarar la ilegitimidad de la deuda externa.

El 13 de julio de 2000 el juez federal Jorge Ballestero, que tramitaba la causa Olmos, dictaminó la “ilegitimidad de la deuda” y envió el expediente al Congreso para que los parlamentarios dieran un “tratamiento político” a la cuestión, algo que nunca se hizo.