La ONU instaló el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad tras finalizar el decenio de toma de conciencia sobre los impedimentos sociales extendido entre 1983 y 1992 por el organismo internacional. Según sus datos tomados en 2010, el quince por ciento de la población mundial padece algún tipo de limitación en sus sentidos para ser considerada discapacitada.

En la Argentina la Ley 22.431 de 1981, conocida como Sistema Nacional de Protección de las Personas con Discapacidad, fue formulada por la dictadura de Videla –que tenía un hijo discapacitado–, reglamentada en parte por el último dictador Reynaldo Bignone y puesta en práctica totalmente en 1994. Es la primera norma sudamericana en reconocer derechos de asistencia a las personas con discapacidad. Con la reforma constitucional de ese año las personas discapacitadas fueron mencionadas por primera vez en la carta magna nacional. Posteriormente, la legislación se fue adecuando a las nuevas necesidades de la población con las leyes 24.901, sancionada en 1997 para reorganizar las prestaciones médicas de este grupo social, y 25.689, sancionada en 2002, que establece la obligatoriedad de los cupos laborales tanto en el Estado como en empresas privadas.

Estos  avances fueron logrados especialmente en democracia y gracias al empuje y reclamo de las organizaciones no gubernamentales que desde 1983 se fueron multiplicando en la vida social y política de los discapacitados. Actualmente la autoridad estatal rectora de las políticas públicas en este tema es la Comisión Nacional sobre Discapacidad (Conadis), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, que registra 114 ONG nacionales y más de mil en todas las provincias y municipios del país.

Según el censo nacional 2010, en el país existen 3,2 millones de ciudadanos con alguna discapacidad. “La legislación existe y ha evolucionado favorablemente en los últimos años, sin embargo solamente la presentación de amparos judiciales logró que esas leyes se cumplieran en materia de salud y accesibilidad, por ejemplo”, sostiene el padre Pablo Molero, representante del Foro Pro, una instancia de diálogo que nuclea a organizaciones de discapacitados.

La abogada María Inés Bianco, especialista en esta temática y ella misma paciente con esclerosis múltiple, es uno de los puntales en los avances de los derechos sociales logrados por este colectivo social. “Fueron importantes los amparos que presentamos de manera individual pero también colectiva reclamando a instituciones estatales y privadas la puesta en práctica efectiva de los derechos consagrados por la ley en los últimos años”, señala. Bianco fue nominada en el año 2003 al premio Wolfensohn para personas destacadas en actividades sobre discapacidad que se otorga anualmente en Berlin, Alemania, precisamente por su aporte a los avances en materia de derechos sobre discapacidad. “En la Argentina hay leyes muy buenas, somos un país con legislación de vanguardia en la región, pero la mayoría de las veces esas normas no se cumplen y hay que recurrir al amparo judicial para sentar precedentes y lograr la conciencia social. Es un camino que estamos recorriendo”, explica Bianco.

El Observatorio de la Discapacidad

A partir de 2011, con la creación del Observatorio de la Discapacidad por decreto de la presidenta Cristina Fernández, fue profundizada la actividad de recopilar y sistematizar la información pública y privada en este tema en todo el país a partir de la constitución de nueve áreas temáticas. “El Observatorio es una herramienta sumamente útil para generar intercambios entre instituciones y el Estado poniendo en común la información sobre discapacidad. Es una instancia federal de trabajo que empieza a dar sus frutos”, señala Silvia Bersanelli, titular de Conadis.

El informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) 2011 titulado “Las personas con discapacidad en América latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real” destaca los avances en la visibilización de los sectores discapacitados como actores sociales y políticos a partir de 1990 en la región. Especialmente por el cambio de paradigma en el concepto de discapacidad señalado como un déficit de salud para convertirlo en un concepto más dinámico donde entra en juego la igualdad de  oportunidades y también por los recursos estatales volcados a hacer efectiva esa idea.

Pese a los esfuerzos nacionales y regionales aún son muchas las carencias y deudas para el universo de las personas discapacitadas. El informe de la ONU 2011, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, sobre esta cuestión destaca entre sus conclusiones que este universo humano “tiene peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad”.

En ese sentido, la Argentina mostró avances especialmente desde el punto de vista de la inclusión en salud de un mayor número de familias en programas tanto del Ministerio de Salud como de Desarrollo Social. “Es imposible plantear una promoción de estos sectores sin políticas activas que les permita tener la oportunidad de desarrollarse contenidos también en su salud”, sostiene Matilde Morales, del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Pese a todos los logros, aún quedan por resolver cuestiones concretas como la incorporación efectiva de trabajadores con discapacidad, la eliminación de barreras para la circulación en ámbitos públicos y privados y un fuerte impulso a la educación integrada. “Pero como en otras cuestiones sociales, la madurez de la comunidad juega un rol central. Cuando hagamos conciencia y  naturalicemos estos temas de manera cotidiana la discapacidad no será un déficit de las personas sino un elemento más de la diversidad social que se incorpora positivamente en nuestras vidas”, concluye Bianco.

 Por Fabián Kovacic