Por Santiago Mancinelli. El comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial marcó la implementación en el mundo de un nuevo sistema monetario. Con el acuerdo de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, en 1944, se establecieron las reglas de funcionamiento del sistema capitalista a partir de la implementación de los tipos de cambio fijo que estaban relacionados con las tenencias de oro que respaldaban las emisiones de dinero. Estados Unidos se consolidó como primera potencia mundial, quitándole ese lugar al Reino Unido, y desplegó su influencia sobre el resto del mundo. El dólar pasó a ser moneda de referencia en el resto de los países y dio comienzo al inicio de la Guerra Fría. En la Argentina, Juan Domingo Perón implementó un plan económico que significó la profundización de la industrialización por sustitución de importaciones, que habían comenzado los conservadores en 1930. El proceso económico amplió las capacidades de consumo y bienestar del conjunto de la población y significó el desarrollo de complejos industriales que posicionaban a la Argentina como uno de los centros económicos y políticos de Latinoamérica. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones también implicó la necesidad de importar insumos y bienes de capital que el país aún no producía. Esto produjo que el saldo de la balanza comercial fuera deficitario en 1949 (138 millones de dólares), 1951 (310 millones), 1952 (491 millones) y 1955 (243 millones). En 1955, las reservas internacionales del Banco Central cayeron a su mínimo de todo el período 1946-1955: 119 millones de dólares. Dado que el proceso de desarrollo y crecimiento necesitó de mayores cantidades de importaciones y que las exportaciones no pudieron acompañar el crecimiento de la economía, el país se enfrentó a un estrangulamiento en divisas que significó la implementación de planes de austeridad y racionamiento de las divisas generadas en el comercio exterior. En ese momento fue histórico el pronunciamiento de Perón: “¿Alguno de ustedes vio alguna vez un dólar?”. Esa pregunta fue dirigida a evitar un proceso de dolarización de la economía y a la necesidad de que la población atesorara en moneda nacional.

ENTRE EL DESARROLLISMO Y EL LIBERALISMO

Una vez consumado el golpe de Estado contra Perón en 1955, se inició una nueva etapa que puede enmarcarse como una continuidad de la industrialización por sustitución de importaciones. Este período se extiende entre 1955 y 1966 y fue denominado “proceso de stop and go”. Esto significó que las etapas de crecimiento produjeran el aumento de las importaciones para el proceso de industrialización y que luego tuviera que ser continuado con abruptas devaluaciones para encarecer estas mismas y para producir saldos comerciales positivos. Las devaluaciones eran acompañadas con caídas en el nivel de actividad económica y con aumentos de precios que propiciaban fenómenos inflacionarios. Una vez que se lograba equilibrar los saldos comerciales y que las exportaciones proveían de los dólares suficientes a la economía, se recomenzaban los procesos de crecimiento que eran denominados “Go”. Desde 1955 hasta 1958 se registraron saldos comerciales negativos promedio de 250 millones de dólares por año. Ante la caída de las reservas internacionales se realizó una devaluación brusca de la moneda que provocó una caída de la economía del 6,4 por ciento en 1959. La retracción económica produjo una caída del 20 por ciento de las importaciones y un saldo comercial positivo para ese año de 17 millones de dólares. El crecimiento económico de 1960 a 1961 produjo también mayores necesidades de dólares, lo que se vio reflejado en el saldo negativo de la cuenta comercial. Sólo en los períodos de 1963 a 1966 se registraron tasas de crecimiento promedio positivas de la economía con mayores exportaciones que importaciones. Esto fue producto de la profundización de políticas industrialistas que lograron sustituir importaciones por producción local. Se favoreció la industria petrolera, el sector farmacéutico nacional y la construcción de grandes represas hidroeléctricas (Salto Grande, Alicurá, Piedra del Águila, Yacyretá, etc.), entre otras políticas. También el gobierno de Arturo Illia desdolarizó la economía cancelando la deuda que la Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional. Este proceso fue clausurado con un nuevo golpe de Estado en 1966.

DE LOS MILITARES AL RODRIGAZO

El golpe de Estado del 28 de junio de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, tuvo como característica anunciar que no tendría plazos predeterminados en el poder, sino que se extendería en el tiempo hasta constituir un orden que pusiera un alto a la inestabilidad institucional, el desgobierno y el peligro de la “infiltración marxista”.

El ministro de Economía de Onganía comenzó un proceso de endeudamiento que significó que la deuda externa pasara de 2.663 millones de dólares en 1966 a 3.230 millones en 1969. Hubo un proceso de liberalización de los flujos de capitales, que preanunciaron las políticas de la dictadura de 1976.

Entre 1966 y 1975 se registró un crecimiento del producto de cuatro por ciento promedio anual. Los dos períodos donde hubo restricciones de divisas fueron en 1971 y 1975. En este último año se dio el Rodrigazo, bautizado con ese nombre en referencia a Celestino Rodrigo, ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón. El Rodrigazo significó una devaluación del 160 por ciento para el tipo de cambio comercial y del 100 por ciento para el tipo de cambio financiero, y un tarifazo en el precio de la nafta del 181 por ciento. El precio del transporte urbano aumentó un 75 por ciento. También aumentaron las tasas de interés del sistema. El objetivo del plan económico de Rodrigo fue disminuir el proceso inflacionario desde una perspectiva fiscalista y monetarista, pero los resultados logrados significaron el comienzo del proceso de dolarización de la economía y el recrudecimiento de los procesos inflacionarios y de conflictividad social. El peso argentino fue perdiendo uno de sus atributos fundamentales, que es el de reserva de valor, ya que los procesos inflacionarios hicieron perder el valor de la moneda nacional. Si bien conservó los otros dos atributos fundamentales (el de unidad de medida y de bien de cambio), se arraigó en los argentinos el hábito de preservar sus ahorros en dólares, ante las sucesivas devaluaciones y los aumentos desmedidos de precios, fomentados por las políticas de shocks tarifarios y liberalización financiera.

CRISIS DE DEUDA Y DEME DOS

La dictadura de 1976-1983 produjo un aumento de la deuda externa de 9.739 millones de dólares en 1976 a 45.087 millones en 1983. Los pagos de intereses de deuda pasaron a representar del 2,02 por ciento del PBI en 1976 a 11,94 en 1982. El promedio de inflación anual fue de 208 por ciento y la inflación acumulada entre 1976 y 1983 fue del 1.668 por ciento. Las reservas internacionales se vieron seriamente afectadas: en 1980 hubo pérdidas de 2.796 millones de dólares; en 1981, de 3.433 millones; en 1982 se perdieron 5.080 millones de dólares, y en 1983, 4.204 millones. El salario pasó a representar el 61,9 por ciento en 1981 de lo que valía en 1975. La actividad industrial cayó un 17 por ciento en 1981 respecto de 1975 y la masa salarial pasó a representar el 64 por ciento a lo que equivalía en 1975.

El endeudamiento externo proveyó de dólares baratos a la población para su utilización en gastos suntuosos, como los viajes a Miami, las compras del “deme dos” de electrodomésticos en el exterior y la adquisición de vestimenta, joyas y otros bienes que no eran necesarios para un proyecto de desarrollo nacional. La mayor parte de estos dólares fueron fugados por grandes grupos económicos que descapitalizaron sus actividades económicas en la Argentina e iniciaron un proceso de destrucción del aparato productivo local y del tejido social y laboral en el país. La obsesión por el dólar de las capas medias en la Argentina, ligada al supuesto ascenso social y a los viajes al exterior, destruyó la cultura del ahorro en moneda nacional y de la preservación del peso argentino con su funcionalidad de atesoramiento. Las consecuencias de este plan económico de la dictadura cívico-militar redundaron en la brutal pérdida de soberanía monetaria y sentaron las bases del proceso de dolarización en la Argentina.

LA HÍPER DE 1989

La inflación promedio con el regreso de la democracia fue del 755 por ciento anual, con un acumulado de 5.286 por ciento entre el período 1983-1989, llegando al último año de mandato de Raúl Alfonsín a una hiperinflación del 3.079 por ciento. Los salarios industriales perdieron un 20 por ciento de poder adquisitivo respecto de 1983 y el desempleo se ubicó en el 8,4 por ciento. La deuda externa pasó de 45.069 millones de dólares en 1983 a 65.300 millones en 1989. La pesada deuda externa que dejó la última dictadura militar y el fenómeno cultural de la dolarización hizo que el gobierno de Alfonsín no tuviera los dólares suficientes para hacer frente a los compromisos de pagos de deuda externa y al proceso de atesoramiento de dólares por parte del público. La administración central no pudo renegociar la deuda externa contraída por la dictadura, por lo que los dólares que tenía de reservas internacionales fueron utilizados para pagar los compromisos de vencimiento de capital e intereses. Frente a las necesidades de dólares por importaciones, el gobierno tuvo como variable de ajuste el precio del tipo de cambio. Esto produjo violentas devaluaciones, junto con el cambio de moneda al austral, que produjo que el encarecimiento de la moneda nacional ajustara el nivel de importaciones y la demanda para atesoramiento de los particulares. Como el proceso devaluatorio tuvo un traslado a precios, las sucesivas devaluaciones, si bien lograron bajar las importaciones y las necesidades en divisas, produjeron procesos hiperinflacionarios que terminaron generando la salida anticipada del gobierno.

EL UNO A UNO

La deuda externa pasó de 62.200 millones de dólares en 1990 a

145.288 millones en 1999 y a representar el 51 por ciento del PBI. Si bien se controló el proceso inflacionario, fue a costa de un masivo endeudamiento externo que financió la mayor fuga de capitales hasta ese momento. Se calcula que los capitales en el exterior pasaron de 60.416 millones de dólares en 1991 a 91.228 millones en 1999. Los intereses por pago de deuda externa pasaron de 4.815 millones de dólares en 1991 a 11.329 millones en 1999. Los saldos de la balanza comercial fueron deficitarios entre 1997 y 1999, con un promedio anual de 2.479 millones de dólares. La inflación bajó a un dígito en 1994 y llegó a registrar deflación en 1999, con una caída en los precios de 1,1 por ciento ese año. Este proceso de apertura económica y liberalización financiera produjo un aumento en el desempleo de 8,6 en 1990 al 14,6 por ciento en 1999. La pobreza en el Gran Buenos Aires pasó de 35,6 en 1991 a 40,6 por ciento en 1999. El proceso de endeudamiento y fuga de capitales fue garantizado con la privatización de patrimonio nacional y de empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas (1990), Entel (1991), Altos Hornos Zapla (1992), Segba (1993), Gas del Estado (1993), Siderar (1993), Central Costanera (1993), YPF (1995), Indupa (1995), Transener (1995) y el Banco Hipotecario (1999), entre otros. El proceso de dolarización llegó a su punto máximo con el Plan de Convertibilidad. Las reservas internacionales respaldaban la base monetaria en pesos en el país. Los créditos hipotecarios se otorgaban en dólares y el aumento del gasto en turismo en el exterior fue financiado con un vertiginoso endeudamiento. No se llegó a dolarizar completamente la economía, pero se sentaron las bases de la pérdida de soberanía monetaria nacional. Los inmuebles de centros urbanos, autos de alta gama y consumos suntuosos de realizaban en dólares. El ahorro de los argentinos pasó a ser en moneda extranjera, frente a las crisis hiperinflacionarias y a la memoria colectiva de la restricción externa histórica de la Argentina. El estallido de la convertibilidad en 2001 un índice de pobreza en 2002 del 49,7 por ciento, una tasa de desempleo del 21,5, una caída del ingreso per cápita de 7.841 dólares en 1999 a 6.419 en 2002 y una caída del ingreso medio de los hogares, medido en valores corrientes, de 1.118 pesos en 1999 a 775 en 2002.

LA DÉCADA K

El nuevo gobierno comenzó con un proceso de desendeudamiento con la renegociación de la deuda externa que la llevó de 164.918 millones de dólares en 2003 a 115.896 millones en 2005. Las reservas internacionales pasaron de 14.119 millones de dólares en 2003 a 45.710 millones en 2007. El PBI tuvo un incremento promedio anual de 8,8 por ciento entre 2003 y 2007. La industria creció un 39 por ciento en ese período. La utilización de la capacidad instalada pasó del 64 por ciento en 2003 al 74 por ciento en 2007. La tasa de desocupación bajó del 20,4 en 2003 al 9,8 por ciento en 2007. Hubo superávits gemelos, tanto en el saldo de la balanza comercial como en el superávit fiscal.

El proceso de recuperación de la moneda nacional fue realizado gracias a la renegociación de la deuda externa. La enorme quita que tuvo permitió liberar recursos fiscales y necesidades de divisas para hacer frente al ciclo de endeudamiento iniciado por la última dictadura militar. Las inéditas tasas de crecimiento, el aumento de la inversión pública y privada y la recuperación de empresas privatizadas, como YPF, AySA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y trenes, entre otras, permitieron recuperar en un lapso de doce años y medio la soberanía nacional que se había destruido desde el fallecimiento de Perón. Este período estuvo signado por el enorme esfuerzo de recuperación del peso argentino como moneda nacional y como medio de atesoramiento, que fuera medio de pago y unidad de valor, atribuciones que intentaron ser destruidas en los procesos neoliberales previos. En 2012 se llegó a un pleno funcionamiento de la economía, que necesitaba más dólares que los que generaba genuinamente mediante las exportaciones. Frente a la disyuntiva de financiar las necesidades de dólares mediante nuevo endeudamiento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso una administración férrea de las divisas mediante el control de las importaciones, impidiendo la fuga de capitales y el libre atesoramiento en dólares. Esto tuvo una respuesta de las clases medias, que habían sido formadas bajo el paradigma del dólar como moneda de referencia. La cultura del dólar, no sólo como medio de ahorro sino también como un signo de estatus social, no pudo ser modificada en la década de mayor recuperación luego de la última dictadura cívico-militar.

A DOLARIZAR, A DOLARIZAR

El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015 significó que el proyecto de dolarización y pérdida de soberanía nacional fuese clausurado por el nuevo ciclo de endeudamiento y fuga de capitales. En la actualidad, el proceso opera destruyendo las capacidades industriales, del comercio y del conjunto mayoritario de la economía. Sólo los sectores agroexportador, financiero, los vinculados a la obra pública cartelizada con vínculos familiares con el actual presidente, los servicios públicos y las petroleras, que han visto dolarizados sus ingresos, son los favorecidos por el actual esquema de gobierno. La intensidad de endeudamiento y fuga ha sido tan destructiva que no se espera que el actual modelo pueda sostenerse mucho tiempo más. Dada la complejidad social, económica y política, no resulta sencillo dolarizar la economía, considerando también el tamaño de la Argentina y el estallido en que terminó el experimento más cercano a la dolarización que se tuvo con la convertibilidad. Es esperable que el desarrollo de las fuerzas vivas de la sociedad impulse un gobierno que haga viable un nuevo modelo de desarrollo que privilegie la producción y el trabajo sobre la especulación y el endeudamiento, y que se reencamine el país al proceso iniciado en 2003 y discontinuado en 2015.