PERÓN Y DESPUÉS
En los primeros años de la presidencia de Juan Perón se realizaron grandes rescates de deuda y se implementó una política de nacionalización de los servicios públicos. Se concretaron pagos al exterior por 264,5 millones de dólares, es decir, el total de la deuda externa. Hacia finales de la década, por diversas circunstancias, como los requerimientos de divisas y problemas del sector industrial; la inconvertibilidad de la libra; la puesta en funcionamiento del Plan Marshall, que dificultaba la colocación de productos argentinos en Europa, y otros factores, se produjo la primera crisis de balanza de pagos del proceso de industrialización. Esto obligó, en 1950, a contraer un préstamo con el Eximbank por 125 millones de dólares. Los saldos comerciales favorables de años posteriores permitieron reducir la nueva deuda, que en 1955 representaba tres dólares por habitante.
Luego de la caída del peronismo se afianzó un proceso de liberalización financiera: el país ingresó en diversos organismos financieros internacionales como el FMI y el Birf. También se firmaron acuerdos con el Club de París, tratando de consolidar deudas oficiales y comerciales argentinas, como parte de la nueva orientación en política exterior que adhería a los principios del multilateralismo. Esto se profundizó en 1957 con la firma del primer acuerdo stand by con el FMI. Desde entonces, el crecimiento de la deuda externa comenzó a independizarse de los saldos comerciales y apuntó a financiar programas de desarrollo y desequilibrios en las cuentas públicas, como ocurrió con Arturo Frondizi, cuando la deuda externa creció un 80 por ciento.
Durante la presidencia de José María Guido (1962-1963), con el sostén de los militares y el retorno al poder económico de los sectores más liberales, se produjo una severa recesión. Los ministros Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz no pudieron frenarla con devaluaciones y políticas de ajuste, y la deuda externa volvió a aumentar a partir de nuevos acuerdos con el FMI. Con el gobierno de Arturo Illia la mejora en los términos de intercambio y un crecimiento de las exportaciones agropecuarias permitieron la amortización de parte de la deuda. La deuda per cápita era de 130 dólares. En cambio, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, el crecimiento de las inversiones extranjeras y de la deuda fue intenso. El ministro Adalbert Krieger Vasena impuso una gran devaluación, redujo aranceles y avanzó en la liberalización de los flujos de capitales.
Con todo, entre 1955 y 1975, mientras el país se industrializa, el crecimiento de la deuda no resultó de gran magnitud: llegó en ese último año a los 8 mil millones de dólares. Pero siempre existió una demanda insatisfecha de divisas que amenazaba el equilibrio del balance de pagos y continuaron las restricciones externas por la dependencia estructural de las políticas y los ciclos económicos de las grandes potencias, en especial de EE.UU.
DE LA DICTADURA A LA CONVERTIBILIDADA
principios de los 70 la crisis del dólar y, luego, la crisis del petróleo generaron en los países centrales una amplia disponibilidad de capitales que comenzaron a reciclarse mediante su colocación en los países periféricos. Esto permitió que el llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) contara con financiamiento para imponer su política económica–precursora del neoliberalismo– sobre la base del terrorismo de Estado, con una severa represión de las fuerzas populares, una baja en el nivel de vida de la población y una profunda desindustrialización. Estas políticas recibieron el respaldo de los organismos financieros internacionales.
Una contribución decisiva para consolidar esta estrategia fue en la Argentina la reforma del sistema monetario y financiero de 1977 diseñada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz (h).Esa reforma instaló en una posición hegemónica al sector financiero, que quedó a cargo de la absorción y asignación de recursos en la economía, liberalizó las tasas de interés y anudó los vínculos entre el mercado financiero local y el internacional. Una de las operatorias que aportó al endeudamiento externo consistía en contraer deudas en dólares y transformarlas en pesos sobrevaluados para aprovechar las altas tasas de interés locales y ante la inminencia de una devaluación convertirlos nuevamente en dólares para fugar los al exterior.
Sin embargo, a fines de los 70 y principios de los 80, los crecientes déficit fiscales de los EE.UU. determinaron que el Banco de la Reserva Federal incrementara fuertemente las tasas de interés con el propósito de atraer capitales localizados en el exterior. El crédito internacional se volvió caro y escaso, lo que dificultó la obtención de fondos frescos y la posibilidad de afrontar el pago de intereses de una deuda que se multiplicó y que llegó a 45 mil millones de dólares hacia el fin de la dictadura, en 1983.Ya dos años antes había estallado una crisis que obligó a una fuerte devaluación de la moneda y aceleró el proceso inflacionario, dando lugar nuevamente a la emergencia del problema de la deuda externa como condicionante de las políticas económicas del propio gobierno dictatorial y de los gobiernos democráticos que lo sucedieron. Gran parte de esa deuda fue denunciada por Alejandro Olmos y otros como ilegítima, producto del terrorismo, la corrupción y los movimientos especulativos, lo que fue ratificado años más tarde en un fallo del juez Jorge Ballesteros que condenó a sus responsables, aunque el delito ya estaba proscripto. Por otro lado, por una decisión del Banco Central, en 1982, el Estado asumió gran parte de la deuda privada.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el peso de la deuda externa se mantuvo e incrementó, provocando el fracaso de sus políticas económicas y derivando en un agudo proceso hiper inflacionario del que participaron intereses locales.
Esto abrió el camino para las políticas neoliberales desplegadas por el gobierno de Carlos Menem, caracterizado por la aceptación del Consenso de Washington y de sus reglas propiciadas por el FMI y el establishment financiero internacional y local.
Para frenar la hiperinflación, el ministro Domingo Cavallo hizo establecer por el Congreso la ley de convertibilidad, mientras realizaba una apertura total a los mercados financieros internacionales, que acentuó el proceso de financiarización y des industrialización ya iniciado por la última dictadura. Como parte de las transformaciones para obtener financiamientos externos se efectuó la adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que cedía la soberanía jurisdiccional del país para atraer inversiones extranjeras.En 1992, se ingresó en el Plan Brady, con lo que las deudas se reconvirtieron haciendo casi imposible desde entonces la identificación de su ilegitimidad, y el endeudamiento siguió aumentando, pese a los ingresos obtenidos por las privatizaciones de empresas del Estado y del sistema previsional. La evolución dela economía pasó a depender del endeudamiento externo, cuyo monto en 1999 ya superaba al PBI. La deuda externa era de más de 150 mil millones de dólares en tanto se acentuaba la fuga de capitales que llegó a alcanzar los 115 mil millones.
Ya con Fernando de la Rúa en la presidencia, el endeudamiento privado con el exterior llevó al gobierno a tomar severas medidas de ajuste con rebajas de sueldo y jubilaciones para mantenerla convertibilidad e impedir un posible default. A fines de 2000 el gobierno organizó junto al FMI la ingeniería financiera denominada blindaje, por la cual el organismo multilateral junto con el apoyo de varios países aseguraban préstamos por 40.000millones de dólares a cambio de seguir el programa económico recomendado por el Fondo, basado en políticas ortodoxas. Pero esas medidas profundizaron la recesión y la fuga de capitales.
También fracasó el Mega canje de la deuda que organizó Cavallo, nuevamente ministro, según el cual los tenedores de bonos devaluados en el mercado obtenían títulos garantizados si aceptaban postergar plazos de pago. El Mecaganje no terminó con el problema del endeudamiento; trató de ganar tiempo incrementandola deuda a largo plazo. Las tasas de interés implícitas resultaron ruinosas y las comisiones que cobraron los que participaron en este negocio fueron desmesuradas, llevando a procesos judiciales debido a las acusaciones de ilegalidad.
Por Mario Rapoport
Economista e historiador. Profesor emérito de la UBA
