El Congreso de la Nación sancionó el 9 de mayo de 2012 la Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho de todas las personas a mostrarse tal cual perciben su propia identidad. Esto significa que pueden desarrollar su identidad tal como la sientan, aunque no coincida con el sexo que les fue asignado al nacer. La reglamentación establece, entre otros puntos, el derecho de todas las personas trans a solicitar el acceso a intervenciones quirúrgicas parciales o totales y a pedir tratamientos hormonales integrales que les permitan adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida. Estas prestaciones están incluidas desde entonces en el Plan Médico Obligatorio y se enmarcan en una concepción de “acceso integral a la salud”. La ley fue impulsada por diferentes organizaciones de la diversidad sexual y de género.

Ese mismo día se aprobó otra ley que fue promovida por Selva Herbon, la madre de una nena que tenía tres años al momento de la sanción de la ley, y había permanecido en estado vegetativo desde el parto. Esta norma se denominó Ley de Muerte Digna y establece que los pacientes que padecen una enfermedad irreversible, incurable o terminal o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en igual situación, pueden negarse a recibir procedimientos, cirugías y medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando estos tratamientos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. Es importante aclarar que la negativa no implica la interrupción de medidas paliativas que tengan como único propósito aliviar el sufrimiento del paciente.