El golpe del 24 de marzo de 1976 tuvo entre sus principales objetivos, reprimir al movimiento obrero, secuestrando a sus dirigentes y encarcelando a otros con el objetivo de anular su capacidad de respuesta y someter a los trabajadores a un plan económico de entrega y claudicación. Se prohibieron las asambleas y las huelgas, se disolvió la CGT y se intervinieron muchos sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica, Construcción, Textiles, Telefónicos, de la Carne, portuarios. El 24 de abril, un decreto modificó la Ley de Contrato de Trabajo.

En marzo de 1977, se creó el Grupo de los 25, integrado por sindicatos que no habían sido intervenidos. Esa Comisión estaba integrada por Roberto García (taxistas); Eduardo Borda (caucho); Carlos Cabrera (mineros); Gerónimo Izzeta (municipales); Horacio Alonso (judiciales); Fernando Donaires (papeleros); Juan Crespi (petroleros) y Roberto Digón (tabaco). También estaban allí Rodolfo Soberano (molineros); Raúl Ravitti (Unión Ferroviaria); José Rodríguez (mecánicos); Enrique Micó (vestido); Jorge Luján (vidrio); Demetrio Lorenzo (alimentación); Oscar Serpa (obras sanitarias); Delmiro Moret (Luz y Fuerza); Antonio Marchese (calzado); Alberto Campos (metalúrgicos); Benjamí­n Gaetani (aceiteros); José Castillo (conductores navales) y Ricardo Pérez (camioneros), entre otros dirigentes. A fines de 1978, los gremios se reunieron en una cena en la que Saúl Ubalidini, dirigente de Cerveceros, leyó un mensaje que exigía reivindicaciones sociales y políticas e impugnaba la política económica del gobierno.

El 1º de abril del 79, se reunieron en la sede de la Unión Obrera Molinera representantes de treinta organizaciones y Roberto García, de taxistas, entregó a los periodistas una nota que decía “Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta”;  terminaba convocando a una jornada sin concurrencia al trabajo a partir de la hora cero del 27 de abril.

El gobierno citó a los dirigentes para que llenaran un formulario. Antes de ir, con la experiencia de la dictadura anterior, organizaron un comité de huelga para reemplazarlos si la cita resultaba ser una trampa. Efectivamente,  fueron detenidos e incomunicados por infracción a la Ley que establecía hasta diez años de prisión por instigar a la huelga. El comité de huelga, como respuesta, agregó a los motivos de la convocatoria al paro, el pedido de libertad de los sindicalistas presos.

Cientos de industrias se paralizaron, tres líneas ferroviarias interrumpieron sus servicios y la huelga demostró que a pesar de los esfuerzos de la dictadura por desmembrar al movimiento obrero, no lo habían logrado y seguía siendo capaz de encabezar la protesta.

A partir de allí las huelgas del movimiento obrero se intensificaron. La más importante fue el 30 de marzo de 1982. Poco después sería la “aventura” de Malvinas y el final de la dictadura.