El 25 de enero de 1997 una noticia alarmó las redacciones y conmocionó a toda la sociedad: habían matado a un reportero gráfico y luego quemaron su cadáver. Se trataba de José Luis Cabezas, quien trabajaba para Editorial Perfil y se encontraba en ese momento haciendo la cobertura de la temporada estival en la ciudad costera de Pinamar.

Lo secuestraron cuando salía de una fiesta en la casa del empresario Oscar Andreani justo cuando se separó de su compañero de trabajo, el periodista Gabriel Michi, a quien había pasado a buscar su pareja para festejar su cumpleaños a partir de la medianoche.

Luego se comprobó que el policía Gustavo Prellezo, bajo las órdenes del ex militar Gregorio Ríos, lo fusiló con dos disparos en la cabeza. Ríos era jefe de la custodia del empresario Alfredo Yabrán, investigado por la revista Noticias desde 1991 y a quien Cabezas había hecho público la temporada anterior, al retratarlo junto a su esposa.

Con la complicidad de la Policía de Pinamar, controlada por el comisario Alberto Gómez, los asesinos metieron el cadáver en un auto y lo quemaron en una cava de La Salada Grande, en las afueras de la ciudad.

La custodia de Yabrán, conformada por antiguos represores de la ex ESMA, ya había tenido un accionar extremadamente violento con reporteros de Noticias en el 91, cuando les dispararon al periodista Fernando Amato y al fotógrafo Marcelo Lombardi desde su residencia de Martínez, a modo de brutal disuasión por la nota que intentaban realizar.

Después del crimen, varios trabajadores de la revista recibieron intimidaciones, pero la respuesta del gremio se convirtió en un contundente respaldo. «No se olviden de Cabezas» fue la consigna que trascendió las fronteras del periodismo, multiplicándose en cada rincón del país y llegando a los medios internacionales. Mientras tanto, el entonces presidente Carlos Menem le brindó su tácito apoyo al responsable del asesinato, ya que recibió a Yabrán en la Casa Rosada, donde mantuvieron una reunión.

El juicio por el asesinato se desarrolló en los tribunales de Dolores, en la provincia de Buenos Aires. La querella contó con numerosas pruebas, entre las que se destaca el análisis del entrecruzamiento de llamadas telefónicas, y también fue muy valioso el aporte de los testigos. La secretaria de Yabrán, Esther Rinaldi, admitió que el empresario tenía un vínculo con Prellezo. Y fue justamente él quien confesó ante los peritos psiquiátricos que el autor intelectual había sido Yabrán. La llamada banda de «Los Horneros» declaró que Prellezo los había llevado hasta Pinamar para secuestrar y “apretar” a Cabezas, con la colaboración de la brigada de la ciudad balnearia, que los asistió en el seguimiento de la víctima, para luego liberar la zona. Ellos ratificaron que Prellezo realizó fue quien el disparo.

A medida que avanzaba la causa judicial, Yabrán sintió por primera vez tambalear su enorme poder, apoyado en una fortuna de 600 millones de dólares. Fue así como el 20 de mayo de 1998 decidió quitarse la vida en su estancia de Gualeguaychú.

El 2 de febrero de 2000 la Cámara de Apelaciones de Dolores condenó con duras penas a Gregorio Ríos (prisión perpetua), Gustavo Prellezo (reclusión perpetua), los policías pinamarenses Alberto Gómez (prisión perpetua), Aníbal Luna (reclusión perpetua) y Sergio Camaratta (reclusión perpetua), los «horneros» Horacio Braga (prisión perpetua), José Auge (reclusión perpetua), Sergio González (prisión perpetua) y Héctor Retana (prisión perpetua), mientras que la esposa de Prellezo, Silvia Belawsky, recibió una condena por falso testimonio (4 años).

Sin embargo, el Tribunal de Casación de La Plata redujo las penas en 2003 y, gracias a la aplicación del «dos por uno», los responsables del asesinato de José Luis Cabezas quedaron en libertad mucho antes de lo esperado. Hace un mes, a punto de que se cumpliera el 20 aniversario del crimen, Gustavo Prellezo obtuvo la libertad condicional por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.

Hoy, como hace 20 años, hay un grito que sigue exigiendo justicia:

¡Cabezas, presente!